La Modelo: un estado de cosas inconstitucional, infrahumanas, espejo de la sociedad colombiana

Cuando el entonces vicepresidente Francisco Santos -a cuyo cargo estaba la defensa de los Derechos Humanos-, dijo que Yair Klein “debería podrirse en una cárcel colombiana y pagar por el daño que hizo”, era verdad. Klein o cualquier persona en La Modelo consigue este malsano deseo y temerario juicio. El Estado en este lugar no solo priva de la libertad al infractor de la ley, sino que le asegura torturas, indignidad y muerte durante su permanencia. La única y segura garantía es el silencio de la sociedad, la impunidad.

¿Qué fue lo más terrible que vio durante la inspección a la cárcel La Modelo? Le pregunté a la jueza Gloria Guzmán al iniciar la entrevista. Inmediatamente y sin pensarlo ella me responde: “esto”! Mostrándome una fotografía en el corto expediente. Observé la imagen impresa pero no veía nada terrible o inusual. Insistió para que volviera a mirar, pero esta vez, ella me señaló un punto específico en la imagen: ¿No ve a esta persona?

Era como un animal indefenso, escondido, abandonado. Estaba encajonado en la hendija calada y repugnante de su cobijo de piso, embutido y refundido entre colchonetas enrrolladas y amontonadas en ese hueco. Quizás sea una estadística porque persona no es. Dejó de vivir agazapado en la oscuridad. Como en el medioevo.

Hay historias, situaciones que se repiten una y otra y otra vez en Colombia. Lo que ocurre en La Modelo es una de esas que rompen el alma, y de las que a la final, no pasa nada. No cambian nada.

En 1998 los ciudadanos internos Manuel José Duque Arcila y Jhon Jairo Hernández fueron quienes acudieron al mecanismo constitucional e interpusieron una acción de tutela. En enero de 2013, Santiago Villa Arboleda. Los tres por las mismas razones: el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y directores de las cárceles, es decir el Estado colombiano, les vulneraba sus derechos humanos al recibir, en condición de detenidos, "un trato cruel, inhumano, degradante e indigno".

El estado de cosas inconstitucional

Una situación que intentaron cambiar los magistrados de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández y Eduardo Cifuentes Muñoz al invocar en 1998 (Sentencia T-153/98) el estado de cosas inconstitucional. Buscaban, poner fin y dar remedio a la situación de violación flagrante de los derechos fundamentales de quienes llamaron las "minorías olvidadas", multitud de seres humanos en las cárceles.

Sin embargo, 14 años después, es la jueza 56 penal del circuito de Bogotá (OIT) Gloria Guzmán Duque la que debe hacer lo mismo.

En otra de esas decisiones sin precedentes, el 30 de enero la jueza ampara los derechos humanos de estas mismas "minorías olvidadas" que hoy son el triple hacinadas en la cárcel La Modelo, invocando para eso, el estado de cosas inconstitucional dado que “miles de personas se encuentran en igual situación y si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia”.

No hay equivoco. Al unísono los magistrados y la jueza constitucionales encuentran la misma “transgresión  repetida, constante  y sistemática a los derechos fundamentales de la población carcelaria, atribuible a las autoridades encargadas de garantizar sus derechos”. Sin el menor sonrojo el estado mismo no garantiza un solo derecho consagrado en la convención americana de los derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos.

Perder la condición de ser humano

El sindicado Santiago Villa Arboleda llevaba tres meses en La Modelo detenido sin que le dieran ningún elemento básico requerido para su higiene y aseo  personal. Tampoco una colchoneta, cobija, ni sabana para dormir, todo lo cual consiguió pocos días después de instaurar la tutela, y que la jueza Guzmán Duque iniciara la diligencia y practicara pruebas. 

Son contundentes e inobjetables los testimonios de todos. De los internos, de los funcionarios de la cárcel, de más de 150 fotografías y del sombrío vídeo contenido en el expediente de 39 páginas que conforma la decisión e inspección judicial que la jueza Guzmán realizó con funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación a las instalaciones de La Modelo el 22 de enero pasado.

Mísero, sórdido, nauseabundo lugar al que llegan sindicados y condenados no para vivir el castigo de perder la libertad, sino para vivir el sufrimiento y dolor de perder su condición de seres humanos. 

Modelo de indignidad

La Modelo es un depósito a donde el Estado amontona a la gente como bultos, como animales en experimento, para que traten de sobrevivir en un hacinamiento crítico, desbordante, indecible. Sin educación, sin trabajo, sin recreación.

En instalaciones derruidas, huecos en los techos y pisos, baños rebosados de materia fecal, sin inodoros, en medio de la basura y la inmundicia, en habitaciones sin ventilación, con alto riesgo de electrocuciones e incendios por instalaciones eléctricas artesanales, paralizados en estrechos corredores, atornillados durante horas, días, semanas en el mismo punto, sin agua potable, lavando sus “fiambreras” (platos) en orinales y desagües, con hambre, consumiendo alimentos de mala calidad, confinados al hedor pestilente de duchas e inodoros rebasados y obstruidos…

"Espacios de 2x2 metros están ocupados hasta por cinco seres humanos, privilegiados ellos, en comparación con los que duermen en "carretera", es decir, tirados como animales en los pasillos, señala la jueza Guzmán". "(...) Es frío, porque es en el suelo, el olor porque estoy al lado del balo, mucha humedad, hay chinches que nos pican, cucarachas, piojos, mucho frío, nos tocas dormir uno encima del otro" (...) "Me todó en el pasillo, en el suelo, sin nada, todavía estoy así, esperando la colchoneta, actualmente hay epidemia de paperas, varicela, tuberculosos. Los domingos es más difícil todavía, mucha gente y hasta mujeres embarazadas", dicen algunos testimonios citados por la juez en su decisión.

“¿Puede una cárcel construida en 1957 para albergar a 2.850 personas cumplir con sus funciones si hoy tiene un sobrecupo del 279,5 %? La respuesta clara, precisa y concreta: NO!”, dice la jueza. Por eso declaró, UNA VEZ MÁS, el estado de cosas inconstitucional y ordenó el 30 de enero pasado no permitir que ingrese una sola persona más, sindicada o condenada en los siguientes 3 meses en La Modelo –que de modelo no tiene nada-,  hasta que se traslade a todas las personas condenadas a penitenciarias para ese propósito, el Estado destine recursos para adecuar instalaciones, celdas, baños, se atienda de manera inmediata a los enfermos, de manera especial, su salud mental, y se les practiquen las cirugías pendientes, entre los no pocos asuntos urgentes ordenados.

Ni juntos ni revueltos dice la Ley

La Modelo fue creada en 1957 para albergar a 2.850 personas en situación de sindicados, en 1998 tenía a 4.500 y para el 30 de enero de 2013 aloja a 7.230 personas entre condenadas y sindicadas.

La Ley 65 de 1993 (Art.21 y 22) establece que las cárceles - como La Modelo- deben retener únicamente a personas sindicadas, y que las penitenciarías están destinadas, únicamente, para personas a las que ya se les ha impuesto una pena en la sentencia de condena. Eso dice la ley que parece no entenderse en el sistema carcelario ni en la política criminal colombiana.    

En esta cárcel conviven sindicados y condenados, pero solo a algunos, los que están por paramilitarismo, se les respetan sus derechos humanos en este lugar. 

Ellos tienen espacio, limpieza, sabanas limpias, inodoros y agua potable (y más), es decir las “comodidades” a las que por Constitución y Ley tienen derecho todas las personas en una cárcel de Colombia, sindicadas o condenadas por infracciones de todo tipo. Es decir, un mínimo vital con dignidad.

“Pagó 22 meses y aprendió lo que  le faltaba: a respetar a los caciques, llamados también 'plumas'. O, dicho en otras palabras, entendió que solo haciendo parte de una de las cadenas de poder que hay en los patios se puede sobrevivir  en  las cárceles. Es lo que Giovanni llama "hacerse la vida". Eran los días en que los paramilitares mandaban en las cárceles, apenas hace dos años. Mandaban, es decir, "eran el orden". Los guardias no aparecían. Los paracos no se juntaban con nadie. En el patio permanecían en el sol  y no dejaban que un recluso cualquiera se les arrimara”, se consigna en la decisión que cita apartes del libro e investigación “Modelando en el Infierno” del escritor Alfredo Molano.

Cinismo cantinflesco

La indolencia, la desidia y el cinismo parece haber apoderado hace mucho tiempo del sistema carcelario en Colombia. Una situación que raya con lo cantinflesco y nivel de inteligencia medio del subdirector y director de La Modelo, y kafkiano del INPEC.

En su declaración a la jueza Guzmán dice el subdirector de la cárcel, Edgar Román Herrera Fetecua, que “La Modelo es una cárcel para sindicados con capacidad para 2.850 internos. No obstante, hay 7230 reclusos alrededor de 3.000 de ellos, condenados”. Solo en el patio cinco la población es igual a la del total de la población en el Barne (…). El ingreso diario alcanza un promedio de 25 personas (aunque el director del INPEC afirma en entrevista a la periodista Diana Calderón en Hora 20** que reciben entre 30 y 35 internos diarios 900 mes) a quienes “no es posible asignarle lo necesario el primer día, por ejemplo, los 25 de hoy no se les puede asignar nada…” y asegura que adicionalmente tienen  que  recibir  personas detenidas provenientes de otras cárceles del país, que deben cumplir citaciones judiciales en Bogotá”.

Lo cierto es que el INPEC al parecer nunca ha sabido con certeza cuantas personas están alojadas en esta cárcel. Por ejemplo, en 2001, señalaba que La Modelo tenía una capacidad para albergar a 3.016 personas y una tasa de hacinamiento equivalente al 59%, la Misión de la ONU comprobó que en septiembre de ese año habían 4.763 personas privadas de la libertad y un índice de hacinamiento del 250%.

Diez años después y con un hacinamiento acumulado del 250% el director del INPEC, General Gustavo Ricaurte, consideró que eso no era cierto, que en La Modelo no había hacinamiento alguno. “En términos académicos nosotros podemos decir que en Colombia no existe hacinamiento realmente. Lo que tenemos es una superpoblación. Se podría hablar de hacinamiento en caso que las cárceles llegaran a doblar su capacidad instalada”. (¡?) 

Lo que piensan el director de La Modelo, coronel Carlos Alberto Murillo Martínez  no es menos delirante. El considera que “el hacinamiento, de  todos  conocido, obedece a la política criminal y penitenciaria radicada en las altas esferas que componen las tres ramas del poder público de nuestro Estado”. (!?) Lo más grave es que eso puede llegar a ser verdad.

14 años y vamos por más de importoculismo institucional

El uso de la figura del estado de cosas inconstitucional tiene como fin “buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades”.

En estas condiciones, la Corte consideró en 1998 que, “dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional”.

Y eso fue lo que se hizo en 1998. En la sentencia del 28 de abril, la Corte Constitucional ORDENÓ a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia y de las Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; al Fiscal General de la Nación; a los gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; y a los personeros municipales solucionar el estado de estado de cosas absolutamente inconstitucionales, aberrantes, indignas, inhumanas en las cárceles colombianas.

Y eso fue lo que se repitió en 2013. La jueza Gloria Guzmán ORDENÓ al director del Establecimiento Carcelario de Bogotá “La Modelo”, al  director  del  INPEC  y/o  a  la  Unidad  de  Servicios  Penitenciarios  y Carcelarios, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Secretaría Distrital de Salud y a los entes de control solucionar el estado de cosas absolutamente inconstitucionales para que la población de La Modelo sea alojada en condiciones dignas, respetados y garantizados sus derechos a la a salud, a la educación, a la intimidad, a la resocialización, en últimas, cumplir con unos requisitos mínimos para ofrecer una vida digna.  

Espejo de la sociedad

Ni las revelaciones y quejas acumuladas desde los años 90 a hoy sobre las condiciones de vida en las cárceles colombianas hechas por el Observatorio Internacional de Prisiones con sede en Ginebra, organismos internacionales, nacionales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, organismos de derechos humanos, como tampoco los recientes diagnósticos del Centro de Estudios de Derecho, de Justicia y Sociedad “DeJuSticia” y la Universidad de los Andes, y mucho menos las denuncias de los familiares de detenidos o condenados, abogados, defensores, jueces, magistrados y algunos medios de comunicación, han servido de nada para que la sociedad y las instituciones reaccionen.

Durante muchos años, -dijo en 1998 la Corte Constitucional-, “la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución”.

Pasaron 14 años y el estado de cosas inconstitucional esta más vigente que nunca y aún peor.

¡Fosas comunes!

Si hay algo más aterrador de todo lo espantoso de esta situación es que, además, se insinúe o se compruebe la posibilidad de que existan fosas comunes en La Modelo. 

Según denuncias hechas por internos de La Modelo durante la inspección del caso que adelanto la jueza Guzman, y que incluyen en el expediente, “reclusos  integrantes  de  grupos  armados  ilegales asesinan y  torturan personas  dentro  de  la  cárcel  en   donde  se  hallarían enterrados,  en  fosas  comunes,  sus  restos”, investigación que, según lo ordenado por la jueza, tuvo que haber realizado ya para esta fecha la Fiscalía General de la Nación.

Seguramente pasarán otros 14 años, o quizás ojalá no ocurra ninguna desgracia como un incendio, un amotinamiento, una protesta... que pueble de cadáveres y de un horror aún más dantesco, para que, de una buena vez, nos miremos en los ojos de los infractores de la Ley, sean estos criminales, corruptos, delincuentes... y pensemos que lo peor que podría pasarnos es estar una sola hora en La Modelo. Situación que parece no importarle absolutamente a nadie.

Todo desborda los límites soportables, morales, humanos. Es imposible no conmoverse, sentir indignación, repulsión, pena. Espejo en lo que se ha convertido la sociedad colombiana: corrupta, inmoral y cínica.

* Realicé la entrevista con la jueza Gloria Guzmán Duque en su despacho el 11 de febrero de 2012. 
**La periodista Diana Calderón directora de Caracol Radio y del programa Hora20 realizó una amplia entrevista radial el 7 de febrero con el General Gustavo Ricaurte director del Inpec, que esta colgada en el sitio web de la cadena, junto con el debate desarrollado en el programa Hora20 que recomiendo conocer de manera completa. Pinche sobre la palabra LINK si desea hacerlo. LAS FOTOS de este post fueron proporcionadas por el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá (O.I.T.) y forman parte del expediente del caso. Se autoriza su uso citando la fuente antes señalada.