Por fin buscarán a Carolina Garzón

Solo dos semanas necesitó la periodista Jineth Bedoya para recoger información y emprender viaje a Ecuador en busca de Carolina Garzón Ardila. Sin duda con-movida desde el alma y llena de preguntas después de descubrirla con asombro refundida entre los carteles de la masiva protesta del 3 de junio ¡Ni una Más! en el Parque Nacional de Bogotá.

“El reportero tenía casco y chaleco militar”

Foto by Bunkerglo - Bogotá DC. Mayo de 2011

Después de cuatro días aún es incierta la suerte del  periodista Roméo Langlois quien, al parecer, fue herido durante un combate entre fuerzas del ejército colombiano contra el Frente 15 FARC-EP en el sector de la Unión Peneya, área rural del municipio de La Montañita en Caquetá el sábado 28 de abril.

Roméo  Langlois es un periodista que lleva un poco más de diez años viviendo en Colombia en calidad de corresponsal de France 24 y Le Figaro, televisión y prensa gráfica de Francia, según han informado algunos medios.

Pido un perdón público por el crimen cometido contra el Senador Cepeda Vargas

Renuevo mi saludo a los familiares del Senador Manuel Cepeda Vargas que se encuentran presentes en este acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano, que se realiza en  cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida el 26 de mayo de 2010.

Señoras y señores:

Colombia se enfrenta en la actualidad a uno de sus más grandes retos: la  reivindicación de la memoria y la vida de todas aquellas personas víctimas de  la violencia, originada en variadas causas y con funestas consecuencias que  recaen en el Estado, la democracia, la sociedad y en sus familias.

Esta reivindicación exige al Estado la búsqueda de alternativas que permitan la reconciliación y el perdón y, por sobre todas las cosas, el hallazgo definitivo de una paz duradera.

Nuestra historia marcada por episodios de violencia y amargura, no ha logrado  empañar el anhelo ni obstruir ciertamente el trabajo incansable de mujeres y  hombres valiosos en el terreno de la democracia, que hasta con su vida, han  defendido sus ideales y principios políticos y han procurado el ejercicio de los derechos y las libertades propias, y de los otros.

El Senador Manuel Cepeda Vargas fue uno de ellos; a quien su vida le fue  segada en medio de lo incomprensible de la violencia. 

Hoy, hace 17 años, la sociedad y, en particular los partidos políticos, la Unión  Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, lamentaron la pérdida del  Senador Cepeda Vargas: un hombre que defendió incansablemente sus ideas  y los valores democráticos, y que a su vez, me es preciso enfatizar, se destacó  notablemente por su férreo carácter de luchar por sus más profundas  convicciones políticas.

El asesinato de Manuel Cepeda Vargas se produjo el 9 de agosto de 1994, en  la ciudad de Bogotá, y en momentos en los que se desplazaba desde su  vivienda hacia el Congreso de la República. En aquella época ostentaba la  condición de Senador en representación del partido político Unión Patriótica,  luego de haber ejercido la investidura como Representante a la Cámara entre 1991 y 1994.

Diversas decisiones judiciales en el orden nacional y la sentencia proferida  contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos  Humanos por los hechos de este caso, constataron que el homicidio contra el Senador Cepeda Vargas:

Fue cometido por agentes estatales, es decir desde el Estado mismo, y en conjunto con miembros de grupos paramilitares.

Esta acción repudiable y vergonzosa truncó el proyecto de vida del hombre público que era el Senador: un líder político y un miembro activo de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santafé de Bogotá subrayó, al momento de proferir condena contra personas que participaron de los hechos, que el móvil del homicidio de Manuel Cepeda Vargas fue su militancia política de oposición, expresada en su labor como dirigente activo de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, en sus actividades en el Congreso de la República y en sus publicaciones como comunicador social.

Estos hechos lamentables tienen una connotación vergonzante y a ello debe agregarse lo expresado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia ya referida, en el sentido de que la ejecución del Senador Cepeda Vargas: “[Fue] cometida en el contexto de violencia generalizada contra miembros de la Unión Patriótica, por acción y omisión de funcionarios públicos”. 

Un Estado como el nuestro, no debe ni puede permitir la repetición de hechos similares, y por tanto, este acto debe entenderse como una forma de evocar su memoria y una forma de decirle a la sociedad en su conjunto, que quienes hoy hacemos las veces de voceros del Estado colombiano, repudiamos cualquier acción violenta contra un ciudadano, y aún más, cuando ésta es cometida con participación o consentimiento de agentes estatales.

En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional, y en mi condición de Ministro del Interior y de Justicia, pido un perdón público por el crimen cometido contra el Senador Cepeda Vargas. Mis condolencias más sinceras a sus hijos, al Representante Iván Cepeda Castro y a María Cepeda Castro, a Claudia Girón Ortiz, a sus hermanas María Estella, Ruth y Gloria María Cepeda Vargas, a su hermano Álvaro Cepeda Vargas, a los demás familiares aquí presentes y a los familiares fallecidos Olga Navia Soto y Cecilia Cepeda Vargas. 

Este execrable crimen causó la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y a la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y a los derechos políticos del Senador.

También hoy, y en representación del Estado, reconocemos que la justicia tardó un tiempo, más allá de lo razonable en adelantar la investigación, e incluso hoy, se desconocen con precisión las circunstancias y los autores intelectuales que participaron en estos hechos. Por sí solos, tales acontecimientos constituyen violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio del Senador Cepeda y sus familiares, quienes a su vez, fueron víctimas de la violación de sus derechos a la integridad personal, protección de la honra y la dignidad y el derecho de circulación y residencia, todos ellos reconocidos en el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este conjunto de circunstancias deplorables hacen imperioso que hoy, tras cumplirse 17 años del homicidio del Senador Cepeda Vargas, debamos reconocer la responsabilidad del Estado colombiano por la acción de sus agentes y por la omisión de no haber otorgado la protección suficiente, en su momento.

En este recinto, y ante ustedes honorables asistentes, el Estado expresa su solidaridad con los familiares, amigos y copartidarios del Senador Manuel  Cepeda Vargas. Así mismo, quisiera reiterar nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia en Colombia.

El Gobierno Nacional, actúa bajo la convicción de que sólo sus acciones y decisiones serán legítimas en la medida en que estén fundadas en el respeto absoluto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Un Estado como el nuestro, no puede permitir la repetición de hechos similares. En este contexto, este acto se entiende como una forma de decirle a la sociedad que estas acciones violentas contra todo ciudadano deben ser repudiadas. En este caso, el ciudadano es Manuel Cepeda Vargas.

Hoy decimos: Nunca más. Ese es nuestro compromiso inquebrantable.

Muchas gracias.

Este texto fue leído por Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior y en nombre del Gobierno de Juan Manuel Santos, en RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL ASESINATO DE “MANUEL CEPEDA VARGAS”.

Agosto 9 de 2011, 5 pm. Senado de la República

La fábrica de AGUA de Santurbán NO ESTA EN VENTA Es un Derecho Humano esencial

Santander, foto by Bun.

Para mí no hay dilema alguno en el  Páramo de Santurbán. Ni todo el oro, la plata y otros minerales valen lo que EL AGUA. Su explotación y menos a "cielo abierto" reportará ningún beneficio para Bucaramanga, los departamentos de Santander (norte y sur) y muchisimo menos para sus pobladores inmediatos o el país entero como ya lo han demostrado propios y ajenos en la explotación del Carbón, el Petroleo y minerales en la alta Guajira, en Casanare y otros departamentos de los Llanos Orientales y el Putumayo mismo. 

Que se entienda bien: el ecosistema de la región con sus cuarenta lagunas, centenares de riachuelos y variada y abundante vegetación NO ESTÁN EN VENTA.

La transnacional canadiense Greystar no va a poner en PELIGRO mi DERECHO HUMANO al AGUA del PARAMO DE SANTURBÁN y mi DERECHO A  DEFENDERLO.

En Cerro de Monserrate, foto by Bun.

Hernán Martínez, Ministro de Minas y Energía de Álvaro Uribe Vélez debe explicarle al país por qué le entregó a la Greystar la concesión minera N° 3452 la explotación de minerales en zona paramuna. Antes de que la ONU el 28 de julio de 2010 (y luego de un ingente trabajo de Bolivia en cabeza de su presidente Evo Morales) produjera una Resolución motivada convirtierndo al AGUA y al SANEAMIENTO BASICO en Derechos Humanos Escenciales, en el 2002 la Corte Constitucional en una de sus históricas decisiones, produjo un fallo de exequibilidad de mayo 7 de 2.002  y proclamó el “Derecho al Ambiente Sano”, creando el “Principio de Precaución” o “in dubio pro ambiente”, según el cual “…en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada, la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección del medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias.” (Sentencia C-339).

Apoyo con claridad y decisión todos los esfuerzos quye están haciendo los Snatandereanos, en mi nombre, de defender la NO EXPLOTACIÓN MINERA en el Parámo de Santurbán.

Frailejones, Cerro de Monserrte. Foto by Bun.

ONU. Resolución sobre derecho humano al agua y el saneamiento. A/64/L.63/Rev.1

 A/64/L.63/Rev.1

Sexagésimo cuarto período de sesiones

Tema 48 del programa

Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas.

El derecho humano al agua y el saneamiento

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 54/175, de 17 de diciembre de 1999, sobre el derecho al desarrollo, 55/196, de 20 de diciembre de 2000, por la que proclamó 2003 Año Internacional del Agua Dulce, 58/217, de 23 de diciembre de 2003, por la que proclamó el Decenio Internacional para la Acción, “El Agua, Fuente de Vida” (2005-2015), 59/228, de 22 de diciembre de 2004, 61/192, de 20 de diciembre de 2006, por la que proclamó 2008 Año Internacional del Saneamiento, y 64/198, de 21 de diciembre de 2009, sobre el examen amplio de mitad de período de las actividades del Decenio Internacional para la Acción, “El Agua Fuente de Vida”, el Programa 21 de junio de 1992 (1), el Programa de Hábitat de 1996 (2), el Plan de Acción de Mar del Plata de 1977 (3), aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de junio de 1992 (4),

Riachuelo en Santander, foto by Bun.

Recordando también la Declaración Universal de Derechos Humanos (5), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (6), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (7), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (8), la Convención sobre los Derechos del Niño (9), la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (10) y el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 (11),

Recordando además todas las resoluciones anteriores del Consejo de Derechos Humanos sobre “los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento”, inclusive las resoluciones del Consejo 7/22, de 28 de marzo de 2008, y 12/8, de 1 de octubre de 2009, relativas al derecho humano al agua potable y el saneamiento, el Comentario General núm. 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) (12) y elinforme
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos (13), así como el informe de la experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de

derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento (14),

Parque Galliñeral Santander, foto by Bun.

Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento,

Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos humanos,

Reafirmando la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben tratarse de forma global y de manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención,

Teniendo presente el compromiso contraído por la comunidad internacional de cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y destacando a ese respecto la determinación de los Jefes de Estado y de Gobierno, expresada en la Declaración del Milenio15, de reducir a la mitad para 2015 la proporción de la población que carezca de acceso al agua potable o no pueda costearlo y que no tenga acceso a los servicios básicos de saneamiento, según lo convenido en el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (“Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo”) (16),

Río en Santander, foto by Bun.

1. Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;

2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento;

3. Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos Humanos de pedir a la Experta Independiente Sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionadas con el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento que presente un informe anual a la Asamblea General (17), y alienta a la experta independiente a que siga trabajando en todos los aspectos de su mandato y, en consulta con todos los organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, incluya en el informe que presente a la Asamblea en su sexagésimo sexto período de sesiones las principales dificultades relacionadas con la realización del derecho humano al agua salubre y potable y el saneamiento, y el efecto de estas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

NOTAS

(1) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1,

anexo II.

(2) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), Estambul, 3 a 14 de junio de 1996 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.97.IV.6), cap. I, resolución 1, anexo II.

(3) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, 14 a 25 de marzo de 1977 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.77.II.A.12), cap. I.

(4) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1,

anexo I.

(5) Resolución 217 A (III).

(6) Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo.

(7) Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 660, núm. 9464.

(8) Ibíd., vol. 1249, núm. 20378.

(9) Ibíd., vol. 1577, núm. 27531.

(10) Resolución 61/106, anexo I.

(11) Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, núm. 973.

(12) Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2003, Suplemento núm. 2 (E/2003/22), anexo IV.

(13) A/HRC/6/3.

(14) A/HRC/12/24 y Corr.1.

(15) Véase la resolución 55/2.

(16) Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica) 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002, (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.03.II.A.1 y corrección), cap. 1, resolución 2, anexo.