¿Es posible perdonar?

Nuestra obligación primera con las víctimas es ayudarles a cruzar el dolor, soltar la rabia y restaurar su dignidad.

El otro día, una mujer que había perdido a varios de sus hijos en dos masacres paramilitares recibió la llamada más inesperada de todas: el comandante del frente que perpetró las masacres le ofrecía proporcionarle la ubicación exacta de las fosas comunes en las que podría hallar los restos de sus hijos a cambio de que ella se comprometiera a no denunciarlo y asistiera a una ceremonia de "perdón" en la que se firmaría una suerte de "pacto de Reconciliación".

El caso es aberrante, pero no es extraño ni exclusivo de Colombia. Tampoco es parte de una gran conspiración del Gobierno, ni siquiera una práctica formal del grupo armado. Se trata, simplemente, de un subproducto de la impunidad. El combatiente, más allá de la justicia, necesita asumir su responsabilidad sobre los crímenes que ha cometido para poder continuar con su vida, pero no quiere ir a la cárcel. La mujer no quiere dinero ni asistencia, sino salirse de una vez del permanente infierno de la incertidumbre en la que viven las familias de los desaparecidos. Ella también quiere continuar con su vida y deshacerse, al menos un poco, del dolor. Bajo esa lógica, el acuerdo tuvo lugar.

No quiero tocar ni las implicaciones legales, ni las condiciones de inseguridad y desamparo que permiten que este tipo de situaciones sucedan. En cambio, quisiera argumentar que la primera preocupación, tanto del Estado como de las organizaciones de derechos humanos, es hacer de la victimización una situación transitoria, no un estatus permanente y eterno y, mucho menos, una forma de vida que esté por fuera de toda discusión política. Ese debe ser el marco ético en el que tiene que fundamentarse tanto los contenidos de los acuerdos de paz como todos los esfuerzos por hacer justicia. En pocas palabras, nuestra obligación primera para con las víctimas es ayudarles a hacer el tránsito, a cruzar el dolor y a soltar la rabia, a restaurar su dignidad, a construir una nueva vida, y evitar que la impotencia y la humillación les emponzoñen el alma y terminen dirigiendo los destinos de sus vidas. La justicia no solo cumple aquí con el papel tradicional, sino con la función de disuadir, restaurar, rehabilitar y descargar, a quienes más han sufrido, de la tarea de buscar la verdad y esclarecer los hechos.

Pero eso no se logra imponiendo el perdón por decreto solemne y marcial. Tampoco valen los eventos de reconciliación de un día, seguidos por los abandonos de siempre. El perdón es un camino que se recorre a lo largo de toda una vida. Las rabias vienen y van por oleadas, asaltan a destajo y desgarran el alma a mansalva. Las familias afectadas lloran ríos salvajes en los que muchos de sus miembros perecen ahogados, atrapados en memorias oscuras y pantanosas, incapaces de superar la tragedia que las consume. El Estado, responsable como todos, tampoco tendría la capacidad moral ni la fuerza legal para legitimar el crimen imponiendo el perdón, que, por demás, solo ocurre en la dimensión más íntima e individual, aquella en la que el Estado no tiene cabida.

Los esfuerzos deben concentrarse en la reconciliación, que no tiene como prerrequisito el perdón, pero que sí facilita los puentes para la transformación social que sienta las bases de la convivencia y que impulsa, a su vez, las transformaciones individuales. Nuestra obligación es, con paciencia, ayudar a remar en esas aguas agitadas y prestar toda la infraestructura para alimentar a todos estos heridos y ayudarles a sanar lenta pero seguramente. No podemos volver atrás y cambiar el pasado, pero sí podemos facilitar que la vida vuelva a fluir y evitar que los círculos de violencia y odio sigan determinando nuestro futuro.

Natalia Springer, Analista política y escritora colombiana

Texto tomado de El Tiempo, Noviembre 13 de 2006.

Foto by Búnker Serie Resistencia Civil contra el Olvido, tomada el 10 de Octubre, Día Nacional contra el Genocidio de la UP. Plaza de Bolívar, 2007.