Pero el ahora o nunca podría ser hoy la inaplazable decisión de elegir nuestro DESTINO no de los siguientes cuatro años, sino de la historia y rumbo de Colombia en adelante.
Antes de continuar con estos sentipensamientos, deben saber que este post es el primero y espero el último
de esta naturaleza. Además de compartirles esta perspectiva de por qué hay que reelegir al presidente Juan Manuel Santos, también busco que ustedes lo hagan.
Tengo una preocupación permanente por el uso del lenguaje. Por cómo nombramos a las cosas en Colombia. Especialmente a las situaciones de nuestra muy empobrecida vida política. Pienso que, en buena medida, la no apropiación de derechos y responsabilidades por parte de la inmensa mayoría de ciudadanos, por lo menos en Bogotá, se debe a que ya no se consigue reconocer que es lo bueno y qué es lo malo de las actuaciones de la gente de la vida pública, particularmente, de quienes hicieron de la política una profesión (rentable) y no un servicio.
La
sociedad, que apenas ahora comienza a dar destellos de despertar, nunca dimensionó la condenable y aberrante situación en la que se convirtió el Estado colombiano. El asesino número uno de sus propios connacionales. Las instituciones representadas en los gobiernos y que tienen el elevado encargo de protegernos, según reza en la Constitución, se convirtieron en enemigas publicas.
No. No es lo mismo, desde ninguna perspectiva, un crimen cometido por la
delincuencia organizada, llámese guerrilla, banda criminal, atracadores o cualquier cosa que se le parezca, a un asesinato pensado y ejecutado por servidores y funcionarios con armas de uso
privativo del Estado. Menos aún, si estos crímenes son cometidos con premeditación y
alevosía como ja justicia ha demostrado en distintos asesinatos.
¿Qué es la libertad de expresión? Sin la libertad de ofender, aquella deja de existir. Salman Rushdie
El caso de Luis Agustin González es uno de los 25 de acoso judicial a un periodista que, bajo las figuras de la calumnia y la injuria registró la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- entre 2010-2011. Sin embargo, la decisión absolutoria del delito de calumnia que falló la Corte Suprema de Justicia, es un hecho que puede comenzar a romper la "censura sutil, imperceptible y difícil de probar" en la que ha caído el periodismo colombiano en las últimas dos décadas.
Desde el 29 de julio de 2010 la familia González en
Fusagasugá no ha tenido paz. Ese día la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de
injuria y calumnia al más visible de sus miembros: el periodista Luis Agustín
González.
Un año después, entre el 18 de julio y el 12 de septiembre,
Luis Agustín González acudía por primera vez en su vida a una instancia judicial: el Juzgado Primero Penal Municipal y sus tres audiencias,
una preparatoria y dos más de su juicio oral. Así iniciaba un camino incierto en
los tribunales de justicia del país, para dar una batalla en defensa de su derecho a ejercer el
periodismo en libertad de informar y, muy especialmente, de opinar.
Ni las armas nos han dado la independencia, ni las leyes nos dan la libertad. Foto by Bunkerglo
El Senado colombiano hundió el matrimonio
igualitario en una democracia donde se legisla para sí y, sí y solo sí… Sin embargo, serán los Notarios los que unirán las parejas del mismo sexoante la incompetencia de los congresistas y mientras la H. Corte Constitucional legisla. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!
"En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus
empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su
trabajo, en su salud, en su cultura, y es desatendido por el país político. El
país político tiene rutas diferentes a las del país nacional. ¡Tremendo drama
en la historia de un pueblo!".
Eso dijo en los años 40 Jorge Eliecer Gaitán, el “revoltoso”, como lo
llamó el profesor norteamericano Herlbert Braun, y desde entonces NADA HA
CAMBIADO. Eso es Colombia con la dispuesta y diligente ayuda
de sus "legisladores" y su aún indeleble consagración al sagrado corazón de Jesús,
aunque no es con él la bronca.
Por un lado va el país nacional, el que salió del closet, el que ya no
teme ser señalado pero también, el que no permitirá seguir siendo excluido; el que desafía con su arco iris de luz el sentido cuasi humano de un pedacito de sociedad, amplificada por los medios, y empeñada en no coexistir con la población homosexual.
Y, por otro lado, adheridos como ladillas, trepando, impidiendo
cualquier posible equilibrio entre lo público y lo privado, van las amebas, el
país político, sus pre-claros legisladores elegidos por esos millones de personas
que nunca votan en el país más feliz del mundo.
Es lo que hay. Lo que son. Lo que somos. Nada debería sorprendernos del
espectáculo que ofrecieron a las tribunas, al pueblo, esos que de honorabilidad
no tienen nada, pero que tampoco entienden ni saben sobre el matrimonio igualitario.
En cambio, lo que sí resulta inadmisible y tremebundo es el silencio
del presidentico de la republiquita, de la ministrica de educación, de la ministrica de la cultura,
del directorcito del ICBF (que dicho sea de paso, no había renunciado?)… ¡Ni qué decir de los babosos “miembros del
Partido Liberal o los que se proclaman de izquierda en ese chimbo Congreso y
fuera de este!
¿Por qué nunca dijo nada el sector
educativo? ¿Qué declararon y cual es la posición de los rectores
universitarios? ¿Qué comunicado emitieron los valientes voceros de las multinacionales de
los DDHH? ¿Por qué en la placita de don Simoncito no se enarbolaron banderas ni
pancartas de más y todos los sectores sociales? ¿Acaso es que los ellos y las ellas
homosexuales habitan otro planeta?
En este circo nacional me siento secuestrada por la insípida y
trepadora burocracia, la que gobierna y la que legisla que es casi la misma cosa. Solo algunos le pusieron el pecho y muchos más le sacaron el culo a
una de las decisiones trascendentes para una nación democrática (de papel) como
la colombiana.
Pocos países hoy en día, quizás en ninguno, -escribió el profesor
Braum-, prevalece tan soberana y soberbiamente lo privado por encima de lo
público como en Colombia. “Un país que se considera el más moderno de todo y,
donde la consecución de la felicidad está inscrita como derecho ciudadano en la
Constitución”.
Contundente y claro.
Así también lo advirtieron Gaitán y Galán, y lo repiten una y otra y
otra vez en su Razón Pública Hernando Gómez-Buendía y quienes como él se
preguntan y reflexionan sobre su sentido supremo. Pero, “en nuestra sociedad, hay tolerancia a la ilegalidad más de lo
necesario, más de lo debido y más de lo justo”, como lo señaló Antanas Mockus.
El proceso de la vida colectiva solo es posible si se consigue ese
equilibrio entre la vibrante y dinámica evolución del país nacional, y una elevada
condición humana del país político. La autenticidad y la posibilidad
de nacer y SER no pueden seguir siendo un asunto por borrar, por excluir. Los legisladores no pueden seguir imponiendo sus visiones personales e intimas de cómo se plantan con sus vidas en el mundo, por más legítimas y respetables que les parezcan. Tampoco están autorizados a legislar desde el miedo y los prejuicios que profundizan más la discriminación, como señaló la H. Representante Ángela
María Robledo.
Estamos atrapados en la telaraña de una práctica política que se
repite por los siglos de los siglos. “¡Aquí no se salva ni Dios! Lo asesinaron”, como bien dijo el poeta castellano Blas de Otero.
Mientras los “legisladores” colombianos -de esa mezcolanza insalubre y
burocrática llamada Mesa de Unidad Nacional convirtieron el Congreso en un
confesionario, el parlamento francés decidió
amparar de manera contundente los derechos de sus conciudadanos y de todas las
parejas que desean construir vínculos amorosos y legales bajo la figura del
matrimonio. A principios del mes se aprobó en Uruguay.
La no aprobación de la inclusión constitucional del matrimonio entre
parejas del mismo sexo tiene muchos deshonrosos nombres y apellidos.
Los de quienes no votan para construir un país político al servicio del
país nacional; también, los nombres de quienes ocupan curules para legislar
en beneficio propio convirtiendo lo público en su premio gordo de la lotería. Por último están todos los nombres de quienes se proclaman de izquierda o de pensamiento liberal pero que no lo son ni adentro ni afuera de la carpa (de circo) de ladrillo.
Nada, absolutamente nada lo justifica, pero resulta comprensible que en
Colombia sean (o seamos)cada vez más los que no quieren saber de la vida pública del país.
Casi que uno termina por creer que a Colombia la escupieron las brujas. Qué
somos mártires de un conjuro o maldición.Lo cierto es que no todos somos iguales ante la ley ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!
La Muerte - Escena de la obra musical María Barilla - Foto by Bunkerglo Octubre 2012
Dedicado a Nicolás y Juan José He
tratado de comprender por qué las mujeres por la paz, los estudiantes, los
familiares de víctimas del secuestro de las Farc y la criminalidad de las AUC
no se sienten representados en la Comisión de diálogo del gobierno de Juan Manuel Santos. Tampoco los indígenas, los campesinos, los
trabajadores, la Marcha Patriótica, distintos movimientos sociales y sectores
alternativos. Entiendo, eso sí, que el PDA se quiera lucir oponiéndose, solo un
poco, al presidente Santos, pues ese es su papel como único partido de oposición.
Pero,
aunque estos sectores y organizaciones no se sientan representados,
tampoco se han opuesto –por lo menos no abierta y públicamente- a que el Estado a
través del actual gobierno intente –una vez más- parar la criminalidad de las
Farc. El único que se opone y lo expresa todos los días todo el tiempo es
Álvaro Uribe.
Pienso
que los intentos anteriores no dieron resultados positivos por la combinación
de dos asuntos. Uno, que no había una genuina voluntad humana de unos y otros para acabar con
el buen negocio de la guerra (que Santos quiere convertir en un mal
negocio); dos, que esto facilitó siempre que esos intentos fueran saboteados fácilmente por la extrema izquierda y
por la extrema derecha. La posibilidad de deshacer el conflicto armado siempre
ha sido utilizado como un arma de poder y dominación de todos.
Es
muy fácil opinar, intelectualizar y hablar de la paz o de la guerra desde
nuestros cómodos pupitres, lejos de los lugares de la contienda del conflicto y
el discurso de las balas, las metrallas, las pipetas de gas, las minas
antipersonal y las bombas.
Es
muy fácil decir en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y hasta
Bucaramanga que se está o no en
contra de la idea de que gobierno y Farc se sienten a con-versar para
desactivar el conflicto armado (que es distinto de un proceso o la paz misma).
Indígenas,
afro descendientes y campesinos son los que siempre han llevado del bulto en la historia de esta república bananera. Ellos son los que han puesto los
muertos. En las filas del ejército de “la patria” y en las filas del ejército de las Farc. Ni hablar de la siniestra y desalmada criminalidad del paramilitarismo de las AUC. Miles de viudas, de
huérfanos, de viejos solos, de niños abandonados a su suerte en caseríos,
pueblos y municipios son quienes han
padecido la intensidad y el rigor de la barbarie demencial y persistente de esta cruel y absurda guerra.
Los
más pobres se han empobrecido más pero además sufren ya no sólo de hambre sino
por un duelo sin resolver. Pero una cosa es que se desactive el conflicto
armado con las Farc y otra que haya paz.
Paz es desarrollo. Paz es inclusión. Paz es igualdad. Paz es
calidad de vida. Paz es trabajo. Paz es seguridad. Paz es
democratizar la tierra. Paz es redistribución justa del bien-estar. Paz es garantía de vida. Paz es
felicidad. Paz son niños felices. El
conflicto armado interno tiene a más de 800 mil familias en situación de
desplazamiento forzado interno (no son desplazados sino personas en situación de). Los más vulnerables, ancianos, mujeres, niñas y niños deambulan con su miseria a cuestas.
Son estos racimos humanos vestidos de
cartulina que esperan una limosna en los semáforos del norte de Bogotá, a la
salida de los supermercados o atascados en la terminal de transporte. Viviendo
una indignidad inmerecida y paupérrima cuando lo menos que tenían era una
gallina, una vaca, un potrero, pero sobre todo una tradición e historia de vida
en su territorio.
El
camino emprendido en este definitivo intento es difícil y está minado de incredulidad e incertidumbre, pues en muchos hay una inexplicable fatiga y a más de uno se le acabará el negocio de la guerra después de casi 60 años.
Pero,
entre el fin del conflicto armado y la paz hay mucho por
recorrer. Su tránsito no será fácil y tomará esta vida y la otra, ya que una cosa será
silenciar los fusiles y otra reconciliar los corazones. ¡Qué prueba más
definitiva viviremos como nación! Quizás este sea el primer proyecto que en común
podríamos construir. Me sumo a los que creen que podría ser. Esta será la vencida.
Nunca
he sido ajena a este conflicto y tampoco a su efecto en mi vida de urbanita.
Como
lo suscribí en Razón Pública esta es una oportunidad única e irrepetible. Entiendo la necesidad de discreción y confidencialidad que se espera de los medios sin que ello sea censura. También, la urgente necesidad por que los
periodistas asignados a este cubrimiento y todos en general procuren un cambio
en el lenguaje de la guerra. Si fracasa este intento, fracasaré yo.
Formo parte de eso que se llama la sociedad civil y me declaro víctima de una generación que tampoco conoce el país sin conflicto armado. No me siento ni discriminada ni excluida como mujer, ni tampoco como periodista si se tratara de sectores. La Comisión del gobierno que emprenderá este diálogo con la Comisión de las Farc me representa como ciudadana y como una víctima indirecta. Entiendo que el esquema gubernamental busca, justamente, no repetir errores anteriores. Estoy convencida que hay suficientes análisis, documentos, reflexiones, textos, teorías, libros, perspectivas, teléfonos, e-mail, etc. Es decir, que todo cuanto lleguen a requerir en el momento de concertar los temas de la agenda está disponible. Por eso esta comisión tiene mi respaldo y puede concertar en mi nombre.
La única expectativa que tengo y deseo es que se ponga fin al asesinato que es, al fin de cuentas, lo que significa "fin del conflicto armado". Qué no hayan más combates entre ejércitos de colombianos. Qué no muera un niño ni una niña más en nombre de ninguna seguridad, de ninguna defensa de la patria y de ninguna revolución. Qué las Farc depongan y entreguen
las armas y el gobierno las silencie. Qué los fusiles todos solo disparen notas
como escopetarras. Qué los niños sean otra vez niños en los campos, en sus comunidades. Qué las mujeres puedan ejercer la maternidad, puedan ser tías, puedan ser abuelas, puedan morir de viejas felices y no de tristeza y sufrimiento.
Nunca
estaremos satisfechos sobre los sapos y sapitos que habrá que
tragar. Hay asuntos que no se podrán negociar, pero también es claro que hay que aprender a ceder de lado y lado. Aprender a
entender al Otro. Hablar sin insultar. Concertar sin imponer. Anteponer, al
fin, el bien común por encima de los intereses personales. Es un gana-gana y no
un pierde-pierde.
No
firmo un cheque en blanco pero si endoso mi confianza y buena onda en este
intento porque quiero que Juan José y Nicólas, mis amados sobrinos de 9
y 3 años junto con todos los niños indígenas, campesinos, afro descendientes, mestizos... los de su edad y los que están por nacer, ser y hacer, tengan un espacio en nuestra basta naturaleza sembrada de valor humano y aceptación del Otro como divisas de una civilidad que se levanta y se impone para ir más allá de la muerte, del sufrimiento y de la
desolación.
El destino más próximo de los niños y niñas colombianos dependerá de lo que ocurra entre la Ciudad de las Columnas, La Habana (Cuba) y el Prado de los Dioses, Oslo (Noruega).
¡Yo también aplaudo por la paz!
NO SE AUTORIZA TOMAR, UTILIZAR NI REPRODUCIR NINGUNA IMAGEN FOTOGRÁFICA DE MI AUTORIA EN ESTE POST POR TRATARSE DE NIÑOS MENORES DE EDAD. Derechos
protegidos por CC Creative Commons.
Rosa Elvira Cely fue abusada sexualmente de manera brutal y después asesinada
porque un juez dejó en libertad 10 años atrás al violador. Hoy
se repite la historia. Juez da libertad a otro abusador de mujeres.
El abuso
sexual contra las mujeres en Colombia no se detiene. Es una situación que se
repite una y otra y otra vez porque, desde el primero al más reciente caso su impunidad está asegurada. Hoy ocurre de nuevo.
El pastor Álvaro
Javier Gámez acusado de los delitos de "acceso carnal abusivo y abuso de feligresas" sigue en libertad
porque el juez 20 de control de garantías de Bogotá consideró que el abusador no representa ninguna amenaza para la sociedad.
Gámez, representante
de la secta Ministerio Apostólico y profético de Salem en Colombia, fue denunciado en abril pasado ante la Fiscalía General de la Nación en Pasto por abusar
sexualmente de niñas menores de edad y mujeres no mayores de 30 años en esa
ciudad. ¿Pruebas? El testimonio de 50 mujeres, 27 de ellas de su iglesia en Pasto, todas abusadas por el pastor en “el cuarto de los niños” de la misma
iglesia donde oficia.
Al último largometraje de la roñosa y cicatera historia de Colombia
hubo que pegarle una última escena extra después del montaje final del 14 de junio. Aunque de todo el largo fue la parte más fácil y rápida de rodar, este pedacito tomó siete días con sus noches y a un costo que rebasó su valor inicial.
La película era una más de las malas que se hacen
en el país. Antes de que iniciara su rodaje y desconociendo el guión y lo que tenía en mente su director, se sabía como sería el final de “La mala película de
la Reforma de la Justicia”.
No había pierde. Todo lo que empieza mal, termina mal.
Hoy no voy a hablar de
la señora Rosa Elvira Celys. Mis palabras son insuficientes para decir sobre su
abominable crimen y el dolor de su familia. Conocimos este hecho porque ocurrió en el emblemático Parque
Nacional, en el perímetro urbano de Bogotá, a pocas calles de algunos medios de
información y alcance financiero de sus beneficiosas posibilidades.
Tampoco escribiré de
Luz Martinez*, una muy bella y joven mujer madre de cuatro hijos, dos niños especiales
y otras dos niñas pequeñas, y que se ocupó durante dos meses de las labores
domésticas de mi hogar hasta cuando, una vez más, su marido la golpea brutalmente y casi acaba con su
vida. Quedó incapacitada y ya no pudo volver más.
Un
título extenso como playa, ahí a dónde empieza y termina lo
más emblemático de la opulencia y la desigualdad de Colombia. Imagen inequívoca
de lo que soñamos, pero también de lo que somos y no queremos ver.
Ver...
Mirar... Eso fue lo que faltó o escaseó en los medios de información nacionales. Qué nos
contaran lo de fondo y con todas las letras sobre la llamativa y esperada cita
de quienes están al mando del destino de los millones de gentes de Canadá, EEUU, el Caribe,
Centroamérica y Latinoamérica. Un encuentro de toda mi incumbencia: social,
política y humana.
Pero
donde el horizonte es confín solamente divisaron lo más meridiano: unos pocos árboles sin ver el bosque de grises
y sombras para mostrarlo todo en blanco y negro. No dieron cuenta de los intereses y preocupaciones detrás de bambalinas.
Los confusos y desinformadas comentarios de muchas personas jóvenes en las redes sociales, especialmente en Twitter, me animaron a buscar el documento que les comparto más abajo.
Quizás esta reflexión contribuya en el conocimiento, entendimiento y diferenciación de asuntos que se tienden a confundir en el siempre, tristemente recordado, Holocausto del Palacio de Justicia tomado a sangre y fuego por el desaparecido movimiento guerrillero 19 de Abril M19, y su recuperación, también a sangre y fuego, a manos del ejército colombiano y comúnmente conocida la retoma del Palacio de Justicia.
Todos hablan hoy del M19, del ex presidente Belisario Betancur y del Coronel (r) del ejército Alfonso Plazas Vega como si todo fuera lo mismo y un todo único o misma cosa.
En junio de 2010 la jueza Tercera Penal del Circuito María Stella Jara, condenó al Coronel por la desaparición de 11 personas que el ejército sacó con vida del máximo claustro de la justicia, y no por su recuperación a sangre y fuego.
La decisión de la jueza Jara, desde entonces en el exilio, fue apelada en derecho y con todas las garantías procesales por los abogados del afectado pero, una vez más, la decisión de la jueza fue ratificada en firme por el Tribunal Superior de Bogotá condenando a los mismos 30 años de prisón al Coronel Plazas Vega por el delito de desaparición forzada pero no de 11 sino 2 personas que bajo su responsabilidad salieron con vida de la demencial toma y retoma.
Después de 26 años hay que recordar algunos asuntos fundamentales de esa época histórica y compleja en grado sumo.
Los jóvenes hoy no tienen la menor idea de ese periodo de la vida política del país. No conocen cómo el Estado colombiano, a través del gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, consiguió de manera efectiva concertar la paz con esa agrupación guerrillera y su dejación de las armas. Mucho(¿deliberadamente?) confunden que entre la toma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) y la firma del Pacto de Paz (9 de marzo de 1990), que han cumplido claramente los desmovilizados del M19, pasaron 5 años.
Dicho en otras palabras. No puede ser un argumento y es una mentira decirlo, que ningún miembro del M19 haya sido procesado, condenado y encarcelado por los hechos del Palacio de Justicia, y con ello cuestionar una decisión que en derecho y por segunda vez, deja en firme un Tribunal de justicia por un delito de lesa humanidad. Durante el gobierno de Belisario Betancur el Congreso de la República discutió y aprobó -en solo cuatro meses-, uno de tres proyectos presentados por el ejecutivo y que se convirtió el 16 de noviembre en la Ley de Amnistía o Ley 35 de 1982. El Congreso aprueba esta la Ley de Amnistía el 10 de noviembre de 1982 el y el 19 del mismo mes el presidente Betancur la sanciona.
Esta Ley de amnistía y punto final exoneraba de toda cuenta con la justicia a 250 de los 346 detenidos políticos y a aproximadamente 6.000 guerrilleros. Según la Ley en su Art 1, se concedía "amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos, como la rebelión, la sedición o la sublevación, pero no a quienes hubieran cometido otros delitos, como los homicidios fuera de combate y los asesinatos perpetrados con torturas o de víctimas inermes". La ley señalaba, igualmente en su Art 8 que se autorizaba al Gobierno "para hacer las asignaciones, traslados presupuestales necesarios y contratar empréstitos internos y externos para organizar y llevar a cabo programas de rehabilitación, dotación de tierras, vivienda rural, crédito, educación, salud y creación de empleos", para beneficiar a los que se incorporarían a la vida pacífica del país. En ese entonces, Betancur enfatizó la necesidad de combatir “los agentes ocultos” y las “causas estructurales” de la subversión. Según sea la fuente el número de amnistiados favorecidos y que estaban en la cárcel varía. Sin embargo recuerdo que en ese entonces se beneficiaron con esta Ley, hombres alzados en armas de las guerrillas de las FARC, del ELN (Ejército de Liberación Nacional), del EPL (Ejército Popular de Liberación), del PLA (Movimiento Pedro León Arboleda), del ADO (Autodefensas Obreras) y del 19 de Abril - M19. Así era el variopinto guerrillero de entonces. (Facilísimo para el periodismo). Esta Ley de Amnistía (ojo, no soy historiadora) fue para mi el punto de partida más claro que dio comienzo al proceso de paz con el M19 que se extendió durante 8 (largos) años hasta 1990 cuando se firmó el Pacto de Paz.
Un camino que siempre estuvo minado de dificultades, dudas y temores. También de pillaje, asaltos, secuestros, combates, bombas, destrucción… Muerte y más muerte… Una complejidad que nunca más se ha repetido por fortuna en el país. Las armas eran las que mandaban.
Las de todos los ejércitos ilegales o lo que otrora y en pleno apogeo se llamó (esa manera que tienen los medios de información de no llamar las cosas por su nombre), los Carteles de la droga. El de Medellín, el de Cali, el del norte del Valle y alguno más.
La connivencia del narcoterrorismo y políticos bajo el Estado de Sitio permanentes, amén de la corrupción -la misma de hoy- fueron el texto y el pretexto para, a finales de la década de los 80 y principios de los 90, acabar con la vida de auténticos colombianos como Rodrigo Lara Bonilla, Carlos Mauro Hoyos, Bernardo Jaramillo Ossa, Manuel José Cepeda, José Antequera, Luis Carlos Galán… Y miles, varios miles de personas más, los de sin rostro, los de sin nombre en la ruralidad y las grandes ciudades...
Ese fue el panorama y no otro en el que se desarrolló ese proceso de paz. En el lenguaje de los medios estaban arraigados términos como comisión negociadora, notables, cumbres, congresos, titulares, chivas, encuentros clandestinos de la prensa y del mismo Betancur con gente de la ilegalidad o simplemente criminales. Crónicas, libros, premios, romances, fiestas, pero sobre todo, muchos, todos y numerosos entierros a los que tuve que asistir en duelos silenciosos para hacer coberturas periodísticas.
Desde entonces y hasta hoy las Fuerzas Militares de Colombia han sido renuentes y expresado su resistencia a los procesos de paz sea el que sea tal como es evidente aún ocurre con el del M19.
Hay una especie de rabia, de revancha y quizás algo dolor. Un ejército que no venció a su enemigo porque ese potencial ejército a vencer, sacó la bandera blanca, dejó las armas y se entregó a la civilidad.
El gobierno y el ejército de Colombia siempre representan al Estado, a la legalidad, a la institucionalidad del país. El M19 era la ilegalidad, una guerrilla armada.
Sin embargo, en la retoma o "recuperación" del Palacio de Justicia algunos miembros del ejército olvidaron eso enceguecidos por la animadversión (casi que visceral) contra el M-19.
El ejército que representaba y debía actuar bajo la legalidad, esto es la Ley, hizo todo lo contrario. Actuó de manera ilegal, tanto a más criminales que la guerrilla. El ejército de Colombia desapareció personas que salieron vivas del Palacio de Justicia. Es por esta razón y no por ninguna otra que los Jueces de la República, en dos oportunidades, deciden bajo la Ley condenar a 30 años de prisión al coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
Hice la cobertura informativa como enviada especial del Telenoticiero del Medio Día (con la información desde... decía el eslogan) del proceso de paz y desmovilización del M19 en "Villa Paz" en el frío municipio de Santo Domingo, Toribío, Cauca. Fui testiga directa del acto simbólico pero efectivo de la dejación de armas y del proceso que emprendieron los ex combatientes, ellos y ellas, y que se constituye en un Hito en nuestra historia nacional. Así que reclamar porque el Coronel Plazas Vega es castigado con 30 años de prisión por su responsabilidad en el desaparecimiento de Irma Franco que salió viva en la retoma del Palacio de Justicia, o que el M19 (que ya no existe) también debe estar en el banquillo de los acusados está fuera de lugar.
No los defiendo ni los justifico. Pero el Ejército de Colombia no podía actuar como guerrilleros del M19. Las reglas son las reglas. Hubo una Ley de Amnistía que hizo y aprobó el Congreso, hubo una dejación de armas, hubo un proceso de paz, hubo un pacto, hubo una Constituyente que dio lugar a un nuevo acuerdo social o Constitución Política en 1991. ¡Aceptémoslo de una buena vez!
Es inútil e inoficioso ocupar las energías de un país, de la sociedad, merced al juego mediático del rating de los medios de des-información, desubicados o desorientadores.
Todo cuanto se pueda decir y opinar debe reconocer y contar cuales fueron los pasos dados para que la sociedad en su momento aceptara, otra vez entre nosotros, al conjunto de hombres y mujeres que empuñaron las armas para cambiarlo todo (revolución), pero que las dejaron junto con sus comportamientos delictivos sin desistir un solo día desde entonces en su empeño de cambiarlo todo, arreglarlo todo, pero desde la civilidad.
Más abajo lea cual fue el Pacto, pero no el del silencio que acordaron impunemente, y este sí a nuestras espaldas, la clase dirigente, conservadores y liberales, para que no se investigaran los hechos del Palacio de Justicia según contó el ex presidente Alfonso López Michelsen (q.d.p.), sino el Pacto de Paz que firmó el presidente liberal demócrata Virgilio Barco Vargas y el Movimiento 19 de Abril - M19. Por eso y más estamos como estamos.
Tenemos tantas desgracias del pasado sin resolver, que no nos queda tiempo para mirar las tragedias del presente..
Tenemos tantas desgracias del pasado sin resolver, que no nos queda tiempo para mirar las tragedias del presente..
— Felix de Bedout (@fdbedout) enero 31, 2012Sí, nuestras desgracias como país, como nación y como sociedad no son pocas ni de poca monta.
Pasemos la página.
Fotos by @Bunkerglode la exposición "Ya vuelvo. Carlos Pizarro, una vida por la paz". Curadora María José Pizarro, Museo Nacional de Colombia, 2010.
Pacto de Paz firmado por el Gobierno Nacional de Colombia y el Movimiento 19 de Abril - M19
9 de Marzo de 1990
El Pacto Político por la Paz y la Democracia, suscrito el 2 de noviembre de 1989, consigna aspectos fundamentales para lograr la reconciliación nacional.
Los temas que más preocupan hoy a la Nación fueron abordados en la discusión que llevó a las conclusiones de consenso plasmadas en dicho Pacto: la administración de justicia, el narcotráfico, la reforma electoral, las inversiones públicas en zonas de conflicto, y por supuesto, la paz, el orden público y la normalización de la vida ciudadana.
Con el objetivo de culminar exitosamente el proceso de paz y reconciliación con el M-19, se hace necesario refrendar esos acuerdos e incorporar elementos adicionales que sustituyan aquellos que formaban parte de la Reforma Constitucional que no culminó su trámite en 1989. En consecuencia, los signatarios del presente documento asumen los siguientes compromisos, derivados, todos, de consensos ya logrados y de su voluntad de finalizar exitosamente este desempeño de pacificación:
I
Coincidimos en la necesidad de que a través de los mecanismos ordinarios de Reforma Constitucional o mediante la convocatoria del Constituyente Primario, Plebiscito,Referéndum o Asamblea Constituyente, se fortalezca la legitimidad institucional y la aprobación de materias de vital importancia para la consecución de la paz. Nos comprometemos a promover los acuerdos políticos necesarios para alcanzar este cometido de ampliación de los espacios democráticos.De todas maneras, la decisión que se tome en este sentido deberá estar precedida de un amplio acuerdo que incluya el asentimiento de quienes ejerzan la Presidencia de la República.
II
Para promover la incorporación a la vida civil de los guerrilleros y su tránsito de la lucha armada a la vida política, se comprometen a respaldar el establecimiento, por una sola vez, de una Circunscripción Especial de Paz para partidos políticos urgidos de movimientos alzados en armas desmovilizados y reincorporados a la vida civil. Dicha circunscripción para Senado de la República y Cámara de Representantes se aplicará, a más tardar, en las elecciones de 1992, y sus características se definirán entre los signatarios en posterior acuerdo.
III
En cuanto al Fondo Nacional para la Paz, previsto en el Pacto Político, destinado a adelantar acciones y programas de beneficio comunitario en las zonas donde la guerrilla desmovilizada haya tenido influencia, podrá ser ampliado en su financiación por el Gobierno, la empresa privada y por aquellas fundaciones internacionales que estén dispuestas a brindar su apoyo a esta iniciativa.Se creará una junta de alto nivel para la Administración y Promoción de este Fondo que desarrolle estos objetivos.
IV
Los signatarios de este acuerdo, respaldarán una Reforma Electoral que tendrá las siguientes bases:
-Con el fin de ampliar las oportunidades electorales y de modernizar los procedimientos de votación se establecerá la Tarjeta Electoral y el voto en ambiente reservado para las elecciones de alcaldes a partir de 1992 y se estudiarán las posibilidades técnicas para incorporarlos en las elecciones de Corporaciones Públicas a partir de 1994.
-Igualmente, con el objeto de ampliar los espacios de participación política, se adoptarán medidas tendientes a la ampliación de la representación parlamentaria de las minorías a través de fórmulas tales como la Circunscripción Nacional y la de Territorios Nacionales.
V
En cuanto a la administración de justicia, el Gobierno Nacional expedirá el decretocorrespondiente a la creación de la Comisión Asesora para la Reforma Integral de la Administración de Justicia en los términos señalados en el Pacto Político. Dicha Comisión, de acuerdo a esos criterios, funcionará durante un término de tres años y será conformada al más alto nivel. Se ocupará, principalmente, de proponer estrategias para la reforma de la justicia en las áreas sustantiva, administrativa, presupuestal, de personal y de procedimientos.
VI
En cuanto al tema de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, el Ministerio de Gobierno, actuando en nombre del Gobierno Nacional, integrará una Comisión de carácter académico no gubernamental, con autonomía e independencia plenas, que investigue la dimensión nacional e internacional del fenómeno. La Comisión estará conformada por investigadores de universidades públicas y privadas y de centros de investigación de reconocida prestancia.
VII
Respecto a los demás temas políticos, socieconómicos y de convivencia, justicia y orden público consignados en el pacto político, el Gobierno iniciará su aplicación y ejecución a partir de la fecha de la dejación de armas.
VIII
A partir de la fecha, el M-19 anuncia que todos sus frentes armados fueron desmovilizados y sus miembros incorporados a la vida institucional del país; anuncia, así mismo, que hizo dejación de todas sus armas, municiones y material de guerra ante la Comisión de la Internacional Socialista designada para este fin.Para la coordinación de todo el Plan de Desmovilización acordado con el M-19, el Gobierno Nacional creó el Consejo Nacional de Normalización mediante Decreto 314 del presente año.El Gobierno Nacional, a partir de la fecha, aplicará el Indulto a los miembros del M-19 y dará inicio a los programas de reinserción social y productivos acordados.El Movimiento 19 de Abril, reitera así mismo, que a este acuerdo se acogen todos sus miembros y que como grupo armado deja de existir.
IX
Los signatarios de este acuerdo se comprometen a conformar una Comisión de Seguimiento (un miembro por cada signatario) con el objetivo de concretar y darle viabilidad a los compromisos aquí adquiridos.
X
El Plan de Seguridad se ejecutará en los términos acordados por el Gobierno Nacional y el M-19 en diciembre de 1989. Dicho plan regirá hasta el 7 de agosto de 1990, con las revisiones pertinentes que se decidan de común acuerdo entre los representantes del Gobierno Nacional y el M-19.Se hace manifiesta la necesidad de que, con posterioridad al 7 de agosto de 1990, se mantenga un nivel apropiado de seguridad y protección a los principales dirigentes del M-19.Con la firma del presente acuerdo se concluye una etapa decisiva para la aclimatación de la paz y el restablecimiento de la concordia que ha sido anhelo de varias generaciones de colombianos. Hoy podemos abrigar ilusiones ciertas respecto a que la sensatez y la generosidad se impondrán a la intransigencia y al radicalismo y de que en un futuro cercano las ideas políticas no serán causa de muerte entre colombianos.Gobierno Nacional, Partidos Políticos y M-19 están concientes de la trascendencia que para el país tiene la celebración de este acuerdo. Despeja un camino de reconciliación. Afianza unas condiciones para continuar avanzando en el empeño de la pacificación. Ofrece unos procedimientos e instrumentos para implementar soluciones política. Muestra, en fin, cómo mediante una voluntad cierta de paz de las partes involucradas, traducida en hechos concretos, se pueden lograr resultados en procura de la convivencia pacífica.
FIRMAN,
VIRGILIO BARCO, RAFAEL PARDO RUEDA,
Señor Presidente de la República Consejero Presidencial
CARLOS PIZARRO LEÓN GÓMEZ ANTONIO NAVARRO WOLF,
Comandante General del M-19 Comandante del M-19
Monseñor ALVARO FANDIÑO, Doctor LUIS AYALA,
En representación de la Iglesia En representación de la
Católica como Tutora Internacional Socialista, testigo
Coletilla.Escribió La Silla Vacía:"Después de cuatro años de labores, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia entregó su informe final a la Corte Suprema. El texto, de más de 300 páginas, hace una reconstrucción histórica de lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985". Este es el texto: Informe Final
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