La Modelo de las minorías olvidadas, espejo de la sociedad colombiana

Cuando Francisco Santos, a cuyo cargo, en calidad vicepresidente tenía la tarea de garantizar y promover los derechos humanos declaró que, Yair Klein “debería podrirse en una cárcel colombiana y pagar por el daño que hizo”, sabía lo que decía. Klein o cualquier otra persona que llegue a La Modelo consigue que el temerario juicio y malsano deseo sea realidad. El Estado colombiano no solo priva de la libertad al infractor de la ley durante su permanencia en esta cárcel, sino que le asegura torturas, indignidad y hasta la muerte. La única garantía para las personas en este lugar es el silencio de la sociedad y la impunidad.

¿Qué fue lo más terrible que vio durante la inspección a la cárcel La Modelo? Con esta pregunta inicié mi entrevista con la jueza Gloria Guzmán. Sin tomarse un segundo para pensar, de manera inmediata, me responde: “esto”, mostrándome una fotografía impresa y en color pegada en el corto expediente. Observé la imagen pero no veía "donde estaba" lo terrible o inusual en la misma. Ante mi cara de desconcierto, ella me insiste para que volviera a mirar la imagen, pero esta vez, señalándome un punto específico y me dice: ¿No ve a esta persona?

Ahí estaba. Como un animal indefenso, escondido, abandonado. Estaba encajonado en la hendija calada y repugnante de su cobijo de piso, embutido y refundido entre colchonetas enrrolladas y amontonadas en ese hueco. Quizás sea una estadística porque persona no era. Ese ser humano había dejado de vivir agazapado en la oscuridad. Como en el medioevo.

Hay historias, situaciones que se repiten una y otra y otra vez en Colombia, pero lo que ocurre en la cárcel La Modelo es una de esas que rompen el alma. Una historia de las que, a la final del escándalo, los titulares y las promesa, no pasa nada. No cambia nada.

En 1998 los ciudadanos en situación de internos, Manuel José Duque Arcila y Jhon Jairo Hernández, acudieron al mecanismo constitucional para proteger sus derechos humanos, económicos y sociales e interpusieron una acción de tutela. Quince años después, en enero de 2013, era Santiago Villa Arboleda el que interponía una nueva tutela. Los tres, por las mismas razones: el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y directores de las cárceles, es decir el Estado colombiano, les vulneraba sus derechos humanos al recibir, en condición de detenidos, "un trato cruel, inhumano, degradante e indigno".

La minorías olvidadas

Pero ya en 1998 los magistrados de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández y Eduardo Cifuentes Muñoz sentenciaron que el Estado debería cambiar en las cárceles colombianas esta situación al invocar, por primera vez, el estado de cosas inconstitucional. (Sentencia T-153/98) Una Sentencia con la que buscaban poner fin a la situación de violación flagrante de los derechos fundamentales de quienes llamaron las "minorías olvidadas", multitud de seres humanos en las cárceles.

Sin embargo, una vez más, quince años después, la Juez 56 penal del circuito de Bogotá (OIT), Gloria Guzmán Duque, debe hacer lo mismo.

En otra de esas decisiones sin precedentes, el 30 de enero pasado, la juez amparó los derechos humanos de estas mismas "minorías olvidadas", pero que hoy son tres veces más en su número hacinadas en La Modelo, invocando para eso, el estado de cosas inconstitucional dado que “miles de personas se encuentran en igual situación y si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia”.

No hay equivoco. Al unísono los magistrados y la jueza constitucionales encuentran la misma “transgresión  repetida, constante  y sistemática a los derechos fundamentales de la población carcelaria, atribuible a las autoridades encargadas de garantizar sus derechos”. Y, sin el menor sonrojo, el Estado continúa sin garantizar un solo de los derechos consagrados en la convención americana de los derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos para esta población.

Perder la condición de ser humano

Santiago Villa Arboleda llevaba tres meses en La Modelo detenido en calidad de sindicado, sin que le hayan proporcionado ningún elemento básico requerido para su higiene y aseo  personal. Tampoco, una colchoneta, una cobija y una sábana para dormir, elementos que obtuvo solamente, pocos días después de instaurar la tutela, y de que la juez Guzmán Duque iniciara la diligencia y practicara pruebas de la misma. 

Son contundentes e inobjetables los testimonios de los internos y de los funcionarios de la cárcel. Todos, recogidos en más de 150 fotografías y un sombrío vídeo que forma parte del expediente de 39 páginas e inspección judicial, adelantada a las instalaciones de La Modelo el 22 de enero por la juez Guzmán con funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y del Cuerpo Técnico de Investigación CTI (Fiscalía General de la Nación).

Mísero, sórdido, nauseabundo lugar al que llegan sindicados y condenados no para vivir el castigo de perder la libertad, sino para vivir el sufrimiento y dolor de perder su condición de seres humanos. 

Un modelo de indignidad

La Modelo es un depósito a donde el Estado amontona a la gente como bultos, como animales en experimento, para que traten de sobrevivir en un hacinamiento crítico, desbordante, indecible. Sin educación, sin trabajo, sin recreación.

En instalaciones derruidas, huecos en los techos y pisos, baños rebosados de materia fecal, sin inodoros, en medio de la basura y la inmundicia, en habitaciones sin ventilación, con alto riesgo de electrocuciones e incendios por instalaciones eléctricas artesanales, paralizados en estrechos corredores, atornillados durante horas, días, semanas en el mismo punto, sin agua potable, lavando sus “fiambreras” (platos) en orinales y desagües, con hambre, consumiendo alimentos de mala calidad, confinados al hedor pestilente de duchas e inodoros rebasados y obstruidos…

"Espacios de 2x2 metros están ocupados hasta por cinco seres humanos, privilegiados ellos, en comparación con los que duermen en "carretera", es decir, tirados como animales en los pasillos, señala la juez Guzmán". "(...) Es frío, porque es en el suelo, el olor porque estoy al lado del baño, mucha humedad, hay chinches que nos pican, cucarachas, piojos, mucho frío, nos tocas dormir uno encima del otro" (...) "Me tocó en el pasillo, en el suelo, sin nada, todavía estoy así, esperando la colchoneta, actualmente hay epidemia de paperas, varicela, tuberculosos. Los domingos es más difícil todavía, mucha gente y hasta mujeres embarazadas", dicen algunos testimonios citados por la juez en su decisión.

“¿Puede una cárcel, construida en 1957 para albergar a 2.850 personas, cumplir con sus funciones si hoy tiene un sobre cupo del 279,5 %? La respuesta clara, precisa y concreta es: ¡NO!”, me dice la juez. Por eso declaró, UNA VEZ MÁS, el estado de cosas inconstitucional y ordenó el 30 de enero pasado no permitir que ingrese a La Modelo una sola persona más, sindicada o condenada en los siguientes 3 meses. En La Modelo –que de modelo no tiene nada-, ordenó la juez, no podía entrar nadie más hasta que se traslade a todas las personas condenadas a penitenciarias para ese propósito, el Estado destine recursos para adecuar instalaciones, celdas, baños, se atienda de manera inmediata a los enfermos, de manera especial, su salud mental, y se les practiquen las cirugías pendientes, entre los no pocos asuntos urgentes ordenados.

Ni juntos ni revueltos dice la Ley

Aunque La Modelo fue creada en 1957 para albergar, en condición de sindicados, a 2.850 personas, en 1998 tenía a 4.500 y para el 30 de enero de 2013 albergaba 7.230 personas entre condenadas y sindicadas.

La Ley 65 de 1993 (Art.21 y 22) establece que las cárceles - como La Modelo- deben retener únicamente a personas sindicadas, y que las penitenciarías están destinadas, únicamente, para personas a las que ya se les ha impuesto una pena en la sentencia de condena. Eso dice la ley que parece no entenderse en el sistema carcelario ni en la política criminal colombiana.    

En esta cárcel conviven sindicados y condenados, pero solo a algunos, los que están sindicados o condenados por paramilitarismo, se les respetan sus derechos humanos en este lugar. 

Ellos tienen espacio, sabanas limpias, inodoros y agua potable (y más), es decir las “comodidades” a las que por Constitución y Ley tienen derecho todas las personas en una cárcel de Colombia, sindicadas o condenadas por infracciones de todo tipo. Es decir, un mínimo vital con dignidad.

“Pagó 22 meses y aprendió lo que  le faltaba: a respetar a los caciques, llamados también 'plumas'. O, dicho en otras palabras, entendió que solo haciendo parte de una de las cadenas de poder que hay en los patios se puede sobrevivir  en  las cárceles. Es lo que Giovanni llama "hacerse la vida". Eran los días en que los paramilitares mandaban en las cárceles, apenas hace dos años. Mandaban, es decir, "eran el orden". Los guardias no aparecían. Los paracos no se juntaban con nadie. En el patio permanecían en el sol  y no dejaban que un recluso cualquiera se les arrimara”, se consigna en la decisión de la juez Guzmán que además cita apartes del libro e investigación “Modelando en el Infierno” del sociólogo y escritor Alfredo Molano.

Cinismo cantinflesco

La indolencia, la desidia y el cinismo parece haber apoderado hace mucho tiempo del sistema carcelario en Colombia. Una situación que raya entre los cantinflesco y kafkiano a juzgar por las declaraciones del subdirector y del director de La Modelo y del INPEC.

En su declaración a la juez Guzmán dice el subdirector de la cárcel, Edgar Román Herrera Fetecua, que “La Modelo es una cárcel para sindicados con capacidad para 2.850 internos. No obstante, hay 7.230 reclusos alrededor de 3.000 de ellos, condenados”. Solo en el patio cinco la población es igual a la del total de la población en el Barne (…). El ingreso diario alcanza un promedio de 25 personas (aunque el director del INPEC afirma en entrevista a la periodista Diana Calderón en Hora 20** que reciben entre 30 y 35 internos diarios 900 mes) a quienes “no es posible asignarle lo necesario el primer día, por ejemplo, los 25 de hoy no se les puede asignar nada…” y asegura que adicionalmente tienen  que  recibir  personas detenidas provenientes de otras cárceles del país, que deben cumplir citaciones judiciales en Bogotá”.

Lo cierto es que el INPEC, al parecer, nunca ha sabido con certeza cuantas personas están alojadas en esta cárcel. Por ejemplo, en 2001, señalaba que La Modelo tenía una capacidad para albergar a 3.016 personas y una tasa de hacinamiento equivalente al 59%, la Misión de la ONU comprobó que en septiembre de ese año habían 4.763 personas privadas de la libertad y un índice de hacinamiento del 250%.

Diez años después y con un hacinamiento acumulado del 250% el director del INPEC, General Gustavo Ricaurte, consideró que eso no era cierto, que en La Modelo no había hacinamiento alguno. “En términos académicos nosotros podemos decir que en Colombia no existe hacinamiento realmente. Lo que tenemos es una superpoblación. Se podría hablar de hacinamiento en caso que las cárceles llegaran a doblar su capacidad instalada”. (¡?) 

Y lo que piensa el director de La Modelo, coronel Carlos Alberto Murillo Martínez,  no es menos delirante. El considera que “el hacinamiento, de  todos  conocido, obedece a la política criminal y penitenciaria radicada en las altas esferas que componen las tres ramas del poder público de nuestro Estado”. (!?) Lo más grave es que eso puede llegar a ser verdad.

14 años y vamos por más de importoculismo institucional

El uso de la figura del estado de cosas inconstitucional tiene como fin “buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades”.

En estas condiciones, la Corte consideró en 1998 que, “dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional”.

Y eso fue lo que se hizo en 1998. En la sentencia del 28 de abril, la Corte Constitucional ORDENÓ a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia y de las Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; al Fiscal General de la Nación; a los gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; y a los personeros municipales solucionar el estado de estado de cosas absolutamente inconstitucionales, aberrantes, indignas, inhumanas en las cárceles colombianas.

Y eso fue lo que se repitió en 2013. La jueza Gloria Guzmán ORDENÓ al director del Establecimiento Carcelario de Bogotá “La Modelo”, al director del INPEC y/o a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, a la  Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Secretaría Distrital de Salud y a los entes de control solucionar el estado de cosas absolutamente inconstitucionales para que la población de La Modelo sea alojada en condiciones dignas, respetados y garantizados sus derechos a la a salud, a la educación, a la intimidad, a la resocialización, en últimas, cumplir con unos requisitos mínimos para ofrecer una vida digna.  

Espejo de la sociedad

Las revelaciones y quejas acumuladas desde los años 90 a hoy sobre las condiciones de vida en las cárceles colombianas hechas por el Observatorio Internacional de Prisiones con sede en Ginebra, organismos internacionales, nacionales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, organismos de derechos humanos, como tampoco los recientes diagnósticos del Centro de Estudios de Derecho, de Justicia y Sociedad “DeJuSticia” y la Universidad de los Andes, y mucho menos las denuncias de los familiares de detenidos o condenados, abogados, defensores, jueces, magistrados y algunos medios de comunicación, han servido de nada para que la sociedad y las instituciones reaccionen.

Durante muchos años, -dijo en 1998 la Corte Constitucional-, “la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución”.

Pasaron 14 años y el estado de cosas inconstitucional esta más vigente que nunca y aún peor.

¡Fosas comunes!

Si hay algo más aterrador de todo lo espantoso de esta situación es que, además, se insinúe o se compruebe la posibilidad de que existan fosas comunes en La Modelo. 

Según denuncias hechas por internos de La Modelo durante la inspección del caso que adelanto la jueza Guzman, y que incluyen en el expediente, "reclusos integrantes de grupos armados ilegales asesinan y  torturan personas dentro de la cárcel en donde se hallarían enterrados, en fosas comunes, sus restos", investigación que, según lo ordenado por la juez, tuvo que haber realizado ya para esta fecha la Fiscalía General de la Nación.

Seguramente pasarán otros 14 años, o quizás ojalá no ocurra ninguna desgracia como un incendio, un amotinamiento, una protesta... que pueble de cadáveres y de un horror aún más dantesco, para que, de una buena vez, nos miremos en los ojos de los infractores de la Ley, sean estos criminales, corruptos, delincuentes... y pensemos que lo peor que podría pasarnos es estar una sola hora en La Modelo. Situación que parece no importarle absolutamente a nadie.

Todo desborda los límites soportables, morales, humanos. Es imposible no conmoverse, sentir indignación, repulsión, pena. Espejo en lo que se ha convertido la sociedad colombiana: corrupta, inmoral y cínica.

Seguramente, en un año veremos que todo sigue igual. Pasará el tiempo de tres meses determinado por la juez, seguirá aumentando la población en esta cárcel y los titulares de prensa se repetirán. 

Cárcel Derechos Humanos

* Realicé la entrevista con la jueza Gloria Guzmán Duque en su despacho el 11 de febrero de 2012. 
**La periodista Diana Calderón directora de Caracol Radio y del programa Hora20 realizó una amplia entrevista radial el 7 de febrero con el General Gustavo Ricaurte director del Inpec, que esta colgada en el sitio web de la cadena, junto con el debate desarrollado en el programa Hora20 que recomiendo conocer de manera completa. Pinche sobre la palabra LINK si desea hacerlo. LAS FOTOS de este post fueron proporcionadas por el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá (O.I.T.) y forman parte del expediente del caso. Se autoriza su uso citando la fuente antes señalada.