YO TAMBIÉN SOY María Jimena Duzán y Cecilia Orozco

Aporte de @ManuelVelandiaM

Nada de lo que dice la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su comunicado corresponde a lo que la sociedad colombiana espera del ejercicio ético y equilibrado de tan alto tribunal. 

 

Los Magistrados no actuaron con mesura, responsabilidad y respeto para salvaguardar en derecho, el derecho a la libertad de opinión, de expresión y el de cuestionar su estatuo quo que tenemos todos los ciudadanos junto con las periodistas María Jimena Duzan y Cecilia Orozco Tascón. 

 

La postura y comunicado de los Magistrados es interesada, vapuleadora, ofensiva y desproporcionada, ajena al rigor que se espera de quienes administran justicia. ¡Qué desvarío! ¡Qué actitud más ladina! (Sic)

 

Los Magistrados reaccionan ante el cuestionamiento legítimo de las periodistas con expresiones que recuerdan a las de un expresidente: "estoy berraco con usted y si lo veo le doy en la cara marica" para después subrayar para sí la dignidad, el buen nombre, la imagen y la honra. 

 

No tolero ni callo los atropellos que la Corte hace contra María Jimena Duzan y Cecilia Orozco porque también son contra mí. 

 

¡Qué vergüenza mancillar la memoria de Magistrados de la altura moral, ética y humana como Alfonso Reyes Echandia con actitudes, lenguaje y aplicación torcida de su justicia en un débil Estado Social y Democrático de Derecho! (Sic) 

 

Ante la gravedad de la amenaza de denunciar penalmente a las periodistas María Jimena Duzan y Cecilia Orozco ante la Fiscalía General de la Nación, me permito informarle a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que bien pueden incluir en su denuncia mi nombre por los supuestos delitos de injuria y calumnia de las que las acusan, porque también hago mías y suscribo integralmente todas y cada una de las palabras, ideas y opinión que plantean en las columnas La nueva corte publicada en la Revista Semana y Homenaje a un magistrado valiente y decente publicada en El Espectador. 

 

La  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia debe saber además que las periodistas no están solas. Qué la opinión pública que sin vergüenza invocan no es ciega sorda y muda como si pretenden serlo los honorables Magistrados al actuar sin trasnparencia, sin independencia y sin respeto por el ordenamiento jurídico al que deberían tutelar.

 

Invito a los autores de blog, portales, medios impresos, radiales y audiovisuales, columnistas y todo tipo de publicaciones a expresar su apoyo a la labor periodística y de opinión de María Jimena Duzán y Cecilia Orozco reproduciendo las columnas de opinión que la Corte Suprema de Justicia no quiere que leamos, y a expresar, de esta manera, su solidaridad a las periodistas por semejante despropósito del Tribunal.  Opinar en Colombia no puede ser un delito.

 

Homenaje a un magistrado valiente y decente

Por: Cecilia Orozco Tascón y Gloria Ortega Pérez  

El Espectador 22 de agosto de 2012

En medio de un sospechoso sigilo y sin comunicado oficial que diera cuenta del trascendental cambio, sino mediante declaraciones soltadas al desgaire por el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Colombia se enteró de que el magistrado Iván Velásquez, quien en su infinita soledad ha soportado las mayores amenazas y conspiraciones contra su vida, su buen nombre y su honra, había sido relevado del cargo de coordinador de los procesos del repugnante fenómeno de la parapolítica.

La disculpa es baladí y ofende porque supone que somos estúpidos: el puesto debe rotar entre varios auxiliares, dijo quien funge de presidente de esa sala, Leonidas Bustos, como si se tratara de un juego de perinola. La verdad es muy otra. Velásquez, el “investigador estrella” de la Corte, es una roca en el zapato de los mandatarios, de los congresistas corruptos, de los partidos clientelistas y de sus propios colegas los magistrados titulares, cuya conducta está cada vez más cerca de la de sus procesados.

En las películas policíacas se hacen un par de preguntas clásicas para descubrir al autor y el móvil del delito: ¿quién se beneficia con el crimen y para qué se cometió? Parodiando la frase, ¿quién está feliz con la sustitución de Velásquez y para qué lo retiran del centro en donde se descubre el modus operandi del “aparato organizado de poder” que surgió de la alianza de la política con el paramilitarismo? El móvil es fácil: venganza por los resultados e impunidad hacia el futuro. Los vengadores y beneficiarios son muchos. Aproximo una lista:

1. Los excongresistas que purgan pena en La Picota. No le perdonan al valiente abogado haberles demostrado sus fechorías: Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe. El convicto, junto con su otro primo Santiago Uribe, un extraditado y su abogado complotaron contra Velásquez pagándole a alias Tasmania para que calumniara al magistrado. Hasta el jefe de Estado participó en esta patraña. El exsenador Óscar Suárez Mira le ofreció a alias Bam-Bam $100 millones para que se retractara de su testimonio contra él y enlodara a Velásquez. Los exparlamentarios Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño. Su abogado Ramón Ballesteros fue grabado mientras trataba de convencer a alias Diego Rivera de declarar en contra del investigador por 100 mil dólares. El exsenador Luis Humberto Gómez Gallo y su paisano Javier Ramiro Devia. El testigo Hernando Díaz aseguró que intentaron sobornarlo para desprestigiar a Velásquez y a la Corte.

2. Los cerca de 30 parlamentarios que tienen indagaciones preliminares por nexos con el paramilitarismo.

3. El expresidente Uribe y los funcionarios de su gobierno envueltos en el operativo de seguimientos, interceptaciones y montajes.

4. La mayoría de los integrantes de la Corte actual. Clientelizados, burocratizados, lagartizados y subordinados al poder del procurador, al que le deben fidelidad y puestos, y al Parlamento, con el que se concertaron para privilegiarse, no pueden tener a un testigo de sus complicidades. Bustos, a quien no le ajusta la toga, ha armado una oscura trinca y está triunfando. Por supuesto, este no es el escenario para alguien decente como Iván Velásquez, a quien nunca sus compañeros le permitieron llegar a la titularidad de la magistratura, precisamente por lo “peligroso” que es. Lo mandan al patio trasero para obligarlo a renunciar. Pero él no está del todo solo. Afuera hay quienes estamos dispuestos a denunciar a los indignos enquistados en la Justicia, y somos muchos los que le damos gracias por su enorme sacrificio". 

"La nueva Corte

Por: María Jimena Duzán y Gloria Ortega Pérez

Revista Semana Sábado 18 Agosto 2012

OPINIÓN Al cambiarse esta jurisprudencia es claro que para esta Corte es más importante el delito del narcotráfico que haber asesinado y masacrado a colombianos.

La reforma a la justicia la sepultaron hace unos meses pero su espíritu viviente no solo se resiste a morir, sino que cada día que pasa goza de mejor salud. Prueba de ello son los cambios de toda índole que se han venido dando de manera vertiginosa en la Corte Suprema de Justicia en materia de parapolítica y que nos acercan cada vez más a la perversa esencia de la fallida reforma Justicia concebida para blindar a los congresistas de escándalos como el de la parapolítica o el de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

El primer cambio se dio en plena discusión de la reforma a la justicia, el 18 de enero de este año. En un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a los excongresistas Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño a siete años y medio por concierto para delinquir agravado, sorpresivamente, se adoptó una nueva jurisprudencia que otorga a los congresistas un trato preferente a la hora de tasar las penas de sus delitos. La revista SEMANA simplificó de esta manera el cambio de jurisprudencia que convierte a los congresistas en los únicos ciudadanos a los que no se les puede aplicar el Código Penal: ‘‘si un colombiano del común y un congresista asesinan a una persona y la justicia los condena por el mismo delito, la pena mínima de cárcel para el particular será de 17 años y cuatro meses, mientras que para el padre de la patria es de 13”. El magistrado ponente de este cambiazo de jurisprudencia fue Fernando Castro, quien de ser defensor de Víctor Carranza, pasó en 2010 a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Yesid Ramírez.

El segundo cambio se dio hace unos días cuando se procedió a llamar a indagatoria a la expresidenta del Congreso Dilian Francisca Toro y la Corte no ordenó su captura. Anteriormente la Corte había sostenido que para delitos como lavado y concierto para delinquir se preveía la captura para hacer la indagatoria. A este ritmo es probable que en menos de tres meses la Corte decida que solamente se pueden capturar a los congresistas cuando hayan sido condenados como en algún momento lo propuso un borrador de la reforma judicial.

Sin embargo, el mayor cambiazo se produjo al inicio de la semana pasada, cuando la Corte decidió aceptar el pedido de extradición del paramilitar José del Carmen Gélvez Albarracín, alias el Canoso, y cambió radicalmente la jurisprudencia de la Corte. Desde 2009 el alto tribunal había decidido congelar las extradiciones de los paramilitares que se encontraran en Justicia y Paz a la espera de que cumplieran con las víctimas. Al cambiarse esta jurisprudencia es claro que para esta Corte es más importante el delito del narcotráfico que haber asesinado y masacrado a colombianos; la cooperación internacional con Estados Unidos que en su concepto sí ha sido eficaz, que los derechos de las víctimas a saber la verdad y a ser reparadas. “Después de siete años de la Ley de Justicia y Paz quienes se han acogido a dicho trámite no han contribuido en forma real, eficaz y transparente al esclarecimiento de la verdad, como tampoco con la finalidad de reparar a las víctimas”, dice la providencia firmada por el magistrado Salazar.

Lo sorprendente es que la Corte Suprema de Justicia falta a la verdad porque en el caso específico de alias el Canoso su colaboración con la Fiscalía y con la Corte ha sido abundante y eficaz. Según el portal de verdadabierta.com Gélvez Albarracín ha venido confesando sus crímenes en Justicia y Paz desde su desmovilización con el frente Tayrona en enero de 2006. Ha sido pieza clave en el proceso por parapolítica contra el expresidente del Congreso Javier Cáceres, y en sus declaraciones ha vinculado a políticos como Trino Luna, Luis Eduardo Vives y los entonces representantes a la Cámara Jorge Caballero y Alfonso Campo Escobar, todos condenados por parapolítica. Sus señalamientos han llegado a incriminar al mismo expresidente Álvaro Uribe y a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe. Y en el momento en que se anunció su extradición, el Canoso estaba colaborando con la Corte Suprema de Justicia.

El último puntillazo se dio el miércoles de esta semana, cuando se conoció que el magistrado auxiliar Iván Velásquez fue relevado de su función como coordinador de los casos de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. No se necesita de un prestidigitador para saber hacia dónde nos dirigimos con esta nueva Corte".
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ADENDUM 1

FLIP Rechaza pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre las columnas de opinión de periodistas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco, y considera el anuncio de denuncia contra Orozco como una violación a la libertad de opinión.

Ayer, 23 de agosto de 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió un comunicado en el que anuncia la próxima denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia contra la periodista Cecilia Orozco, por su columna de opinión publicada en El Espectador donde cuestiona algunas decisiones de esa Sala, y califica de “tendenciosas” las opiniones que, sobre dicha corporación judicial, publicó la periodista María Jimena Duzán en la revista Semana.

Algunas decisiones de la Sala Penal de la CSJ a lo largo de éste año en casos de congresistas y extradiciones, así como la reconfiguración de algunos cargos internos, fueron el insumo sobre el cual las periodistas Orozco y Duzán decidieron publicar en sus habituales espacios de opinión.

Es evidente que los asuntos de esta Sala son de un alto interés público y ha sido el Poder Judicial colombiano quien ha incorporado estándares internacionales de libertad de expresión. Por eso desconcierta que sean los propios Magistrados quienes minimicen el alcance de este derecho que garantiza y robustece un diálogo abierto y democrático sobre temas que le afectan a la sociedad.

Recordemos que en Colombia se “protegen tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono”, como lo ha dicho la Corte Constitucional.

En éste orden, resulta por lo menos contradictorio que en el mismo comunicado se afirme que “La Sala no desconoce que se trata de columnas de opinión, merecedoras del más absoluto respeto de parte de la comunidad, por ser expresión del derecho fundamental a opinar”, afirmación que pierde sentido si no se tiene en cuenta que el estándar de protección internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo”.

La FLIP recuerda que en una sociedad democrática, los funcionarios públicos, incluyendo los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, están más expuestos a la crítica y al escrutinio del público.

Es grave que los funcionarios acudan a las acciones judiciales para controvertir asuntos que deben ser el centro de deliberaciones públicas.

La FLIP ha registrado varios casos en el país donde políticos, militares, jueces, empresarios, entre otras personalidades que influyen en el acontecer de la sociedad, han denunciado a periodistas por injuria y calumnia cuando se sienten afectados por publicaciones que están en el marco de la libertad de expresión.

Recordemos que en mayo de este año fue presentado un recurso de casación, precisamente ante esta Sala Penal, por la condena a 17 meses de prisión del periodista Luis Agustín González [*] por el delito de injuria. La Corte Suprema no ha resuelto la admisibilidad del recurso presentado por el periodista.

Esta comunicación de la Sala Penal de la CSJ desde ya condiciona la actuación del fiscal y el juez que vayan a conocer el caso de Cecilia Orozco, pues es la máxima autoridad judicial penal.

La FLIP hace un llamado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y le sugiere respetuosamente reconsiderar su postura, y en aras de garantizar el libre flujo de ideas, le invita a que comparta en el debate público sus discrepancias con las opiniones de las columnistas Duzán y Orozco.

[*] En este Blog hay tres historias con el periodista González. 

ADENDUM 2

Es significativo que la amenza de demanda penal por los delitos de calumnia e injuria contra la periodista Cecilia Orzoco Tascón no se concretaran finalmente. 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reculó su temerario anunció también en otro comunicado de prensa en la tarde de hoy lunes 27 de agosto. 

Comunicado de Prensa

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reitera su enfático rechazo a los términos e inexactas afirmaciones de las columnistas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco Tascón en la revista Semana y el diario El Espectador, respectivamente. Sin embargo, en aras de contribuir al clima de ponderación y mesura que tanto necesita el país, depone el interés personal de sus magistrados de reclamar, por vía judicial, respeto a su honra y buen nombre, empañados sin razón o argumento alguno por las citadas periodistas.

Los actos y determinaciones de la Sala, que pretenden deslegitimar las columnas de opinión, fueron adoptados en estricto cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, con la misma responsabilidad, sentido de justicia, compromiso, seriedad e imparcialidad que han distinguido a esta Corte. Carácter reconocido nacional e internacionalmente y que, en los últimos años, ha servido de punto de referencia en los sistemas judiciales del continente en materia de cumplimiento de tratados multilaterales de Derechos Humanos y estándares de verdad, justicia y reparación.

La decisión de rotar la coordinación de la comisión que investiga los nexos de congresistas con grupos armados ilegales obedece a la idea original de imprimir nuevos aires a dichos procesos cuando den muestras de desgaste o falta de dinamismo, como viene ocurriendo en estos casos. El acierto de esta disposición, que implica la puesta en marcha de variadas estrategias, requiere un compás de espera para evaluar su funcionamiento y efectividad.

La unificación de la jurisprudencia penal –plasmada en providencias al alcance de todos los ciudadanos y entregadas oportunamente a los medios de comunicación para su escrutinio– radica en el esfuerzo continuo de la Corte por interpretar en debida forma los postulados legislativos. Los jueces no legislan, aplican la Constitución y las leyes.

Aclarado lo anterior y por tratarse de una conducta punible de acción privada, los magistrados de la Sala de Casación Penal se abstienen de formular la respectiva querella. 

No obstante, aprovechan la oportunidad para invitar al periodismo colombiano a la autorreflexión bajo la premisa de que el periodista tiene una responsabilidad social, que emerge precisamente de los derechos de información y expresión, por su misma naturaleza, relativos, pues no existe un derecho fundamental a la difamación.

Dado en Bogotá, D.C., a los 27 días del mes de agosto de 2012.