Ejército no podía actuar como la guerrilla en retoma de Palacio de Justicia

Los confusos y desinformadas comentarios de muchas personas jóvenes en las redes sociales, especialmente en Twitter, me animaron a buscar el documento que les comparto más abajo. 

Quizás esta reflexión contribuya en el conocimiento, entendimiento y diferenciación de asuntos que se tienden a confundir en el siempre, tristemente recordado, Holocausto del Palacio de Justicia tomado a sangre y fuego por el desaparecido movimiento guerrillero 19 de Abril M19, y su recuperación, también a sangre y fuego, a manos del ejército colombiano y comúnmente conocida la retoma del Palacio de Justicia. 

Todos hablan hoy del M19, del ex presidente Belisario Betancur y del Coronel (r) del ejército Alfonso Plazas Vega como si todo fuera lo mismo y un todo único o misma cosa. 

En junio de 2010 la jueza Tercera Penal del Circuito María Stella Jara, condenó al Coronel por la desaparición de 11 personas que el ejército sacó con vida del máximo claustro de la justicia, y no por su recuperación a sangre y fuego. 

La decisión de la jueza Jara, desde entonces en el exilio, fue apelada en derecho y con todas las garantías procesales por los abogados del afectado pero, una vez más, la decisión de la jueza fue ratificada en firme por el Tribunal Superior de Bogotá condenando a los mismos 30 años de prisón al Coronel Plazas Vega por el delito de desaparición forzada pero no de 11 sino 2 personas que bajo su responsabilidad salieron con vida de la demencial toma y retoma. 

Después de 26 años hay que recordar algunos asuntos fundamentales de esa época histórica y compleja en grado sumo. 

Los jóvenes hoy no tienen la menor idea de ese periodo de la vida política del país. No conocen cómo el Estado colombiano, a través del gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, consiguió de manera efectiva concertar la paz con esa agrupación guerrillera y su dejación de las armas. 

Mucho(¿deliberadamente?) confunden que entre la toma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) y la firma del Pacto de Paz (9 de marzo de 1990), que han cumplido claramente los desmovilizados del M19, pasaron 5 años.

Dicho en otras palabras. No puede ser un argumento y es una mentira decirlo, que ningún miembro del M19 haya sido procesado, condenado y encarcelado por los hechos del Palacio de Justicia, y con ello cuestionar una decisión que en derecho y por segunda vez, deja en firme un Tribunal de justicia por un delito de lesa humanidad.

Durante el gobierno de Belisario Betancur el Congreso de la República discutió y aprobó -en solo cuatro meses-, uno de tres proyectos presentados por el ejecutivo y que se convirtió el 16 de noviembre en la Ley de Amnistía o Ley 35 de 1982. 

El Congreso aprueba esta la Ley de Amnistía el 10 de noviembre de 1982 el y el 19 del mismo mes el presidente Betancur la sanciona.

Esta Ley de amnistía y punto final exoneraba de toda cuenta con la justicia a 250 de los 346 detenidos políticos y a aproximadamente 6.000 guerrilleros. 

Según la Ley en su Art 1, se concedía "amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos, como la rebelión, la sedición o la sublevación, pero no a quienes hubieran cometido otros delitos, como los homicidios fuera de combate y los asesinatos perpetrados con torturas o de víctimas inermes". 

La ley señalaba, igualmente en su Art 8 que se autorizaba al Gobierno "para hacer las asignaciones, traslados presupuestales necesarios y contratar empréstitos internos y externos para organizar y llevar a cabo programas de rehabilitación, dotación de tierras, vivienda rural, crédito, educación, salud y creación de empleos", para beneficiar a los que se incorporarían a la vida pacífica del país.

En ese entonces, Betancur enfatizó la necesidad de combatir “los agentes ocultos” y las “causas estructurales” de la subversión. 

Según sea la fuente el número de amnistiados favorecidos y que estaban en la cárcel varía. Sin embargo recuerdo que en ese entonces se beneficiaron con esta Ley, hombres alzados en armas de las guerrillas de las FARC, del ELN (Ejército de Liberación Nacional), del EPL (Ejército Popular de Liberación), del PLA (Movimiento Pedro León Arboleda), del ADO (Autodefensas Obreras) y del 19 de Abril - M19. Así era el variopinto guerrillero de entonces. (Facilísimo para el periodismo).

Esta Ley de Amnistía (ojo, no soy historiadora) fue para mi el punto de partida más claro que dio comienzo al proceso de paz con el M19 que se extendió durante 8 (largos) años hasta 1990 cuando se firmó el Pacto de Paz. 

Un camino que siempre estuvo minado de dificultades, dudas y temores. También de pillaje, asaltos, secuestros, combates, bombas, destrucción… Muerte y más muerte… Una complejidad que nunca más se ha repetido por fortuna en el país. 

Las armas eran las que mandaban. 

Las de las autodefensas campesinas (una forma de paramilitarismo y de la que recuerdo dos nombres: el del llamado "zar de las esmeraldas", Víctor Carranza y su líder sicarial Pablo Emilio Delgadillo; las de los narcotraficantes alias “el mexicano” Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar Gaviria y las de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela... 

Las de todos los ejércitos ilegales o lo que otrora y en pleno apogeo se llamó (esa manera que tienen los medios de información de no llamar las cosas por su nombre), los Carteles de la droga.  El de Medellín, el de Cali, el del norte del Valle y alguno más. 

La connivencia del narcoterrorismo y políticos bajo el Estado de Sitio permanentes, amén de la corrupción -la misma de hoy- fueron el texto y el pretexto para, a finales de la década de los 80 y principios de los 90, acabar con la vida de auténticos colombianos como Rodrigo Lara Bonilla, Carlos Mauro Hoyos, Bernardo Jaramillo Ossa, Manuel José Cepeda, José Antequera, Luis Carlos Galán… Y miles, varios miles de personas más, los de sin rostro, los de sin nombre en la ruralidad y las grandes ciudades...  

Ese fue el panorama y no otro en el que se desarrolló ese proceso de paz. En el lenguaje de los medios estaban arraigados términos como comisión negociadora, notables, cumbres, congresos, titulares, chivas, encuentros clandestinos de la prensa y del mismo Betancur con gente de la ilegalidad o simplemente criminales. 

Crónicas, libros, premios, romances, fiestas, pero sobre todo, muchos, todos y numerosos entierros a los que tuve que asistir en duelos silenciosos para hacer coberturas periodísticas.

Desde entonces y hasta hoy las Fuerzas Militares de Colombia han sido renuentes y expresado su resistencia a los procesos de paz sea el que sea tal como es evidente aún ocurre con el del M19. 

Hay una especie de rabia, de revancha y quizás algo dolor. Un ejército que no venció a su enemigo porque ese potencial ejército a vencer, sacó la bandera blanca, dejó las armas y se entregó a la civilidad. 

El gobierno y el ejército de Colombia siempre representan al Estado, a la legalidad, a la institucionalidad del país. El M19 era la ilegalidad, una guerrilla armada. 

Sin embargo, en la retoma o "recuperación" del Palacio de Justicia algunos miembros del ejército olvidaron eso enceguecidos por la animadversión (casi que visceral) contra el M-19.

El ejército que representaba y debía actuar bajo la legalidad, esto es la Ley, hizo todo lo contrario. Actuó de manera ilegal, tanto a más criminales que la guerrilla. El ejército de Colombia desapareció personas que salieron vivas del Palacio de Justicia. Es por esta razón y no por ninguna otra que los Jueces de la República, en dos oportunidades, deciden bajo la Ley condenar a 30 años de prisión al coronel Luis Alfonso Plazas Vega.    

Hice la cobertura informativa como enviada especial del Telenoticiero del Medio Día (con la información desde... decía el eslogan) del proceso de paz y desmovilización del M19  en "Villa Paz" en el frío municipio de Santo Domingo, Toribío, Cauca. 

Fui testiga directa del acto simbólico pero efectivo de la dejación de armas y del proceso que emprendieron los ex combatientes, ellos y ellas, y que se constituye en un Hito en nuestra historia nacional. 

Así que reclamar porque el Coronel Plazas Vega es castigado con 30 años de prisión por su responsabilidad en el desaparecimiento de Irma Franco que salió viva en la retoma del Palacio de Justicia, o que el M19 (que ya no existe) también debe estar en el banquillo de los acusados está fuera de lugar. 

No los defiendo ni los justifico. Pero el Ejército de Colombia no podía actuar como guerrilleros del M19. Las reglas son las reglas. Hubo una Ley de Amnistía que hizo y aprobó el Congreso, hubo una dejación de armas, hubo un proceso de paz, hubo un pacto, hubo una Constituyente que dio lugar a un nuevo acuerdo social o Constitución Política en 1991. ¡Aceptémoslo de una buena vez!

Es inútil e inoficioso ocupar las energías de un país, de la sociedad, merced al juego mediático del rating de los medios de des-información, desubicados o desorientadores. 

Todo cuanto se pueda decir y opinar debe reconocer y contar cuales fueron los pasos dados para que la sociedad en su momento aceptara, otra vez entre nosotros, al conjunto de hombres y mujeres que empuñaron las armas para cambiarlo todo (revolución), pero que las dejaron junto con sus comportamientos delictivos sin desistir un solo día desde entonces en su empeño de cambiarlo todo, arreglarlo todo, pero desde la civilidad. 

  

Más abajo lea cual fue el Pacto, pero no el del silencio que acordaron impunemente, y este sí a nuestras espaldas, la clase dirigente, conservadores y liberales, para que no se investigaran los hechos del Palacio de Justicia según contó el ex presidente Alfonso López Michelsen (q.d.p.), sino el Pacto de Paz que firmó el presidente liberal demócrata Virgilio Barco Vargas y el Movimiento 19 de Abril - M19.

Por eso y más estamos como estamos.

Tenemos tantas desgracias del pasado sin resolver, que no nos queda tiempo para mirar las tragedias del presente..

— Felix de Bedout (@fdbedout) enero 31, 2012

Tenemos tantas desgracias del pasado sin resolver, que no nos queda tiempo para mirar las tragedias del presente..

— Felix de Bedout (@fdbedout) enero 31, 2012Sí, nuestras desgracias como país, como nación y como sociedad no son pocas ni de poca monta.

Pasemos la página.

Fotos by @Bunkerglode la exposición "Ya vuelvo. Carlos Pizarro, una vida por la paz". Curadora María José Pizarro, Museo Nacional de Colombia, 2010.

 

Pacto de Paz firmado por el Gobierno Nacional de Colombia y el Movimiento 19 de Abril - M19

9 de Marzo de 1990

El Pacto Político por la Paz y la Democracia, suscrito el 2 de noviembre de 1989, consigna aspectos fundamentales para lograr la reconciliación nacional.

Los temas que más preocupan hoy a la Nación fueron abordados en la discusión que llevó a las conclusiones de consenso plasmadas en dicho Pacto: la administración de justicia, el narcotráfico, la reforma electoral, las inversiones públicas en zonas de conflicto, y por supuesto, la paz, el orden público y la normalización de la vida ciudadana.

Con el objetivo de culminar exitosamente el proceso de paz y reconciliación con el M-19, se hace necesario refrendar esos acuerdos e incorporar elementos adicionales que sustituyan aquellos que formaban parte de la Reforma Constitucional que no culminó su trámite en 1989. En consecuencia, los signatarios del presente documento asumen los siguientes compromisos, derivados, todos, de consensos ya logrados y de su voluntad de finalizar exitosamente este desempeño de pacificación:

I

Coincidimos en la necesidad de que a través de los mecanismos ordinarios de Reforma Constitucional o mediante la convocatoria del Constituyente Primario, Plebiscito,Referéndum o Asamblea Constituyente, se fortalezca la legitimidad institucional y la aprobación de materias de vital importancia para la consecución de la paz. Nos comprometemos a promover los acuerdos políticos necesarios para alcanzar este cometido de ampliación de los espacios democráticos.De todas maneras, la decisión que se tome en este sentido deberá estar precedida de un amplio acuerdo que incluya el asentimiento de quienes ejerzan la Presidencia de la República.

II

Para promover la incorporación a la vida civil de los guerrilleros y su tránsito de la lucha armada a la vida política, se comprometen a respaldar el establecimiento, por una sola vez, de una Circunscripción Especial de Paz para partidos políticos urgidos de movimientos alzados en armas desmovilizados y reincorporados a la vida civil. Dicha circunscripción para Senado de la República y Cámara de Representantes se aplicará, a más tardar, en las elecciones de 1992, y sus características se definirán entre los signatarios en posterior acuerdo.

III

En cuanto al Fondo Nacional para la Paz, previsto en el Pacto Político, destinado a adelantar acciones y programas de beneficio comunitario en las zonas donde la guerrilla desmovilizada haya tenido influencia, podrá ser ampliado en su financiación por el Gobierno, la empresa privada y por aquellas fundaciones internacionales que estén dispuestas a brindar su apoyo a esta iniciativa.Se creará una junta de alto nivel para la Administración y Promoción de este Fondo que desarrolle estos objetivos.

IV

Los signatarios de este acuerdo, respaldarán una Reforma Electoral que tendrá las siguientes bases:

-Con el fin de ampliar las oportunidades electorales y de modernizar los procedimientos de votación se establecerá la Tarjeta Electoral y el voto en ambiente reservado para las elecciones de alcaldes a partir de 1992 y se estudiarán las posibilidades técnicas para incorporarlos en las elecciones de Corporaciones Públicas a partir de 1994.

-Igualmente, con el objeto de ampliar los espacios de participación política, se adoptarán medidas tendientes a la ampliación de la representación parlamentaria de las minorías a través de fórmulas tales como la Circunscripción Nacional y la de Territorios Nacionales.

V

En cuanto a la administración de justicia, el Gobierno Nacional expedirá el decretocorrespondiente a la creación de la Comisión Asesora para la Reforma Integral de la Administración de Justicia en los términos señalados en el Pacto Político. Dicha Comisión, de acuerdo a esos criterios, funcionará durante un término de tres años y será conformada al más alto nivel. Se ocupará, principalmente, de proponer estrategias para la reforma de la justicia en las áreas sustantiva, administrativa, presupuestal, de personal y de procedimientos.

VI

En cuanto al tema de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, el Ministerio de Gobierno, actuando en nombre del Gobierno Nacional, integrará una Comisión de carácter académico no gubernamental, con autonomía e independencia plenas, que investigue la dimensión nacional e internacional del fenómeno. La Comisión estará conformada por investigadores de universidades públicas y privadas y de centros de investigación de reconocida prestancia. 

VII

Respecto a los demás temas políticos, socieconómicos y de convivencia, justicia y orden público consignados en el pacto político, el Gobierno iniciará su aplicación y ejecución a partir de la fecha de la dejación de armas.

VIII

A partir de la fecha, el M-19 anuncia que todos sus frentes armados fueron desmovilizados y sus miembros incorporados a la vida institucional del país; anuncia, así mismo, que hizo dejación de todas sus armas, municiones y material de guerra ante la Comisión de la Internacional Socialista designada para este fin.Para la coordinación de todo el Plan de Desmovilización acordado con el M-19, el Gobierno Nacional creó el Consejo Nacional de Normalización mediante Decreto 314 del presente año.El Gobierno Nacional, a partir de la fecha, aplicará el Indulto a los miembros del M-19 y dará inicio a los programas de reinserción social y productivos acordados.El Movimiento 19 de Abril, reitera así mismo, que a este acuerdo se acogen todos sus miembros y que como grupo armado deja de existir.

IX

Los signatarios de este acuerdo se comprometen a conformar una Comisión de Seguimiento (un miembro por cada signatario) con el objetivo de concretar y darle viabilidad a los compromisos aquí adquiridos.

X

El Plan de Seguridad se ejecutará en los términos acordados por el Gobierno Nacional y el M-19 en diciembre de 1989. Dicho plan regirá hasta el 7 de agosto de 1990, con las revisiones pertinentes que se decidan de común acuerdo entre los representantes del Gobierno Nacional y el M-19.Se hace manifiesta la necesidad de que, con posterioridad al 7 de agosto de 1990, se mantenga un nivel apropiado de seguridad y protección a los principales dirigentes del M-19.Con la firma del presente acuerdo se concluye una etapa decisiva para la aclimatación de la paz y el restablecimiento de la concordia que ha sido anhelo de varias generaciones de colombianos. Hoy podemos abrigar ilusiones ciertas respecto a que la sensatez y la generosidad se impondrán a la intransigencia y al radicalismo y de que en un futuro cercano las ideas políticas no serán causa de muerte entre colombianos.Gobierno Nacional, Partidos Políticos y M-19 están concientes de la trascendencia que para el país tiene la celebración de este acuerdo. Despeja un camino de reconciliación. Afianza unas condiciones para continuar avanzando en el empeño de la pacificación. Ofrece unos procedimientos e instrumentos para implementar soluciones política. Muestra, en fin, cómo mediante una voluntad cierta de paz de las partes involucradas, traducida en hechos concretos, se pueden lograr resultados en procura de la convivencia pacífica.

FIRMAN,

VIRGILIO BARCO,                                                            RAFAEL PARDO RUEDA,
Señor Presidente de la República                                    Consejero Presidencial

CARLOS PIZARRO LEÓN GÓMEZ                                     ANTONIO NAVARRO WOLF,
Comandante General del M-19                                       Comandante del M-19

Monseñor ALVARO FANDIÑO,                                               Doctor LUIS AYALA,
En representación de la Iglesia                                      En representación de la 

Católica como Tutora                                                   Internacional Socialista, testigo  

Coletilla. Escribió La Silla Vacía: "Después de cuatro años de labores, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia entregó su informe final a la Corte Suprema. El texto, de más de 300 páginas, hace una reconstrucción histórica de lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985". Este es el texto: Informe Final 

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