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jueves, 20 de enero de 2011

Narcoparamilitares: hijos ilegítimos del Estado, dice Claudia López


La entrevista que leerá a continuación fue creada a partir de otras entrevistas y escritos de Claudia López en El Espectador y La Silla Vacía. La edición busca ofrecerle al lector una visión del pensamiento y opinión de la investigadora, politóloga y analista sobre algunos de los asuntos más cruciales de Colombia hoy. Como se recuerda, en 2005 la Revista Semana.com publicó su estudio sobre cómo el poder narco paramilitar se tomó el Congreso de la República en las elecciones de 2002 y, desde antes, mafiosos y políticos tenían el plan de reconfigurar el país y con ello Refundar la Patria, tal y como ocurrió y se revela en el conjunto de estudios  que coordinó y editó con la Fundación Nuevo Arco Iris el año pasado. Las fotografías forman parte de un registro que realicé durante el acompañamiento solidario  alrededor de las mamás de las víctimas de los crimenes de Estado de jóvenes de Soacha, que promovió Antanas Mockus el 20 de diciembre de 2008.   


¿Cuánto cuesta decir la verdad en Colombia?
Mucho. Tanto, que cuesta hasta la vida.

¿Si los actores armados ilegales asesinan menos periodistas y no son los principales responsables de las violaciones a la libertad de prensa, entonces quién sigue violando esa libertad? 
La respuesta es desafortunada. Según los análisis de la FLIP son individuos e instituciones, supuestamente legales, las responsables del incremento de esas violaciones.

Funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y otros particulares serían los responsables del 60% de las violaciones a la libertad de prensa en el 2009, mientras que paramilitares, narcotraficantes y las Farc serían responsables de apenas el 12%. En una tercera parte de los casos aún no se ha podido identificar al  autor.

¿Quién le teme a la libertad de prensa? 
Lo que parece entonces es que los que posan de legales, pero están en realidad conectados con ilegales, le tienen pánico a la libertad de prensa. Temen quedar al descubierto y perder su cobertura  de legalidad e influencia pública. Por eso espían, persiguen y desacreditan. Eso es lo que ha ido quedando al descubierto en los juicios que se adelantan sobre los escándalos de las chuzadas del DAS. Las pruebas tocan las puertas del Palacio de Nariño. ¿Las condenas las tocarán también? Amanecerá y veremos. 

¿El Tiempo [el periódico] es un patrimonio de todos los colombianos?
Lo evidente es que es patrimonio de los españoles de Planeta, punto. Durante 97 años la Casa Editorial El Tiempo tuvo como orden de prioridades el periodismo, la política y la plata. Aterrizando en este Planeta, la evidencia confirma que el nuevo orden es el inverso: la plata, la política y, si acaso de último, el periodismo.
¿Qué pensó con la absolución por calumnia e injuria contra Alfredo Molano?
Me devolvió el aliento. Un mínimo de justicia, que además de salvaguardar la libertad de expresión, salvaguarda el mínimo sentido común. Lo que deshonra son las actuaciones delincuenciales de los familiares, ¡no las opiniones sobre esas actuaciones de los columnistas! Pensar que para llegar a esa conclusión Alfredo estuvo dos años sub judice, limitado en su movilidad y trabajo, por cuenta de semejante demanda tan absurda.
    
¿Qué piensa de la corrupción que hay en el país? 
Las revelaciones de la revista 'Cambio' sobre corrupción son aterradoras. Las entidades estatales y no estatales coinciden en que la corrupción les roba a los colombianos no menos de cuatro billones de pesos al año. La corrupción cuesta dos veces la seguridad democrática, en la que se invierten anualmente dos billones. Curiosa seguridad está en la que hay que dejarse robar dos pesos para que le protejan la vida con uno.
¿Pero, y que hacen los organismo de control frente a esta situación? 
En Colombia, las denuncias de corrupción no las hacen los organismos de control, sino la prensa. El Contralor, el Procurador y el Fiscal se enteran por los medios de comunicación, dan ruedas de prensa, reiteran lo ya denunciado y hacen anuncios. Ni recuperan la plata ni sancionan a los responsables, ni mucho menos, previenen que se la roben.
¿Qué tan ligados están hoy la corrupción y el narcotráfico?
Muy ligados. Entre 2 y 3% del PIB corresponde al narcotráfico. La corrupción hoy es un negocio tan rentable casi como el narcotráfico.

Si como usted dice el ex presidente cogobernó con narcoparamilitares, ¿en algún momento se iniciarán investigaciones contra él?
Debería. No creo que se pueda llegar a juzgarlo por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, pero sí que tendrá que asumir una responsabilidad política y eventualmente penal por la enorme representación que su proyecto político le dio al narcoparamilitarismo en Colombia.

¿Por qué dice que los paramilitares son hijos ilegítmos del Estado?
Porque son un invento del Estado y eso explica cómo el narcoparamilitarismo logró en 15 años lo que por fortuna la guerrilla no ha conseguido en 60, y es tomarse el poder por las armas.

¿Qué papel desempeñaron los partidos tradicionales en esta transformación del Estado?
Diría que terminaron como víctimas de su propio invento. El narcotráfico les ganó la partida y aunque en un principio les ayudó a mantener su carrera política, luego terminaron cambiando el mapa político.

¿Cuál es el departamento más mafioso de Colombia?
Antioquia y Córdoba, sin duda. Históricamente lo han sido y no han dejado de serlo. Hay unas nuevas estrellas que son Norte de Santander, Meta, Casanare y Valle.
¿Cuáles cree que son los principales desafíos colectivos de la Colombia de hoy?
Podrían resumirse en tres: 1. Continuar recuperando el monopolio legítimo de la fuerza y la justicia en todo el territorio nacional, 2. Reeducarnos éticamente como sociedad y 3. Unirnos para rehacer democráticamente la política y el Estado.
¿Y que se requiere para cumplir con estas metas?
Cualquier meta sólo se puede lograr si nos comprometemos de por vida con esos tres propósitos. Sin monopolio legítimo de la fuerza y la justicia, sin ética en la vida y la política y sin un Estado democrático y eficaz no podremos eliminar la pobreza, generar empleo, mejorar el ingreso, reducir la desigualdad,  proteger a los niños o mejorar su educación y salud. Cualquier meta específica que creamos deseable para Colombia depende de ese compromiso.
Pero eso supone una concertación. ¿Cómo hacerla, con quien?
Colombia necesita hacer una concertación democrática de largo plazo, al estilo de la Concertación chilena, del Pacto de la Moncloa en España o de la era pos segunda guerra en Alemania. Hacer una concertación política y social, no para ganar las elecciones sino para gobernar con visión de largo plazo. Para lograr que la democracia y el mercado, no la mafia y la guerra sean los vehículos de movilidad social y económica en Colombia. Una concertación para que por la justicia y la política los ciudadanos comprometan a sus gobernantes y elites regionales y nacionales a nunca más usar la violencia y la mafia como instrumentos de seguridad privada, poder y exclusión.
¿Qué papel pueden cumplir los jóvenes en esta tarea?
Requiere que los  jóvenes que hoy se expresan tan entusiastamente en las ciudades y redes sociales se comprometan como ciudadanos y profesionales a hacer Estado y mercado democrático en Sucre, Arauca, Vichada, Chocó, Córdoba, Antioquia o Putumayo, por sólo mencionar algunos territorios.
Es una vergüenza colectiva que los jóvenes de nuestras regiones tengan más oportunidades de asenso en el narcotráfico y las bandas criminales que en la educación o el mercado laboral y empresarial; o que 4 de cada 10 niños ni siquiera sepan quién es su padre o lo hayan perdido violentamente cuando apenas lo conocían.